Salvo que sea una alfombra voladora, no entiendo como resolverá el gobierno morenovallista el ocultamiento de la compra del helicóptero Augusta, el cual despega diariamente de Casa Puebla, ante los ojos de todos los vecinos de la zona.
Al respecto, me llama la atención la postura timorata del Director de Comunicación Social del Gobierno del Estado Sergio Ramírez Robles, quien a su llegada a Puebla aseguró que respondería todas las notas que atentaran en contra de la administración morenovallista.
Es evidente que la pasividad del vocero gubernamental y la falta de una postura oficial respecto al tema, confirma la veracidad de toda la información publicada en Intolerancia Diario, misma que ha sido respaldada con documentos oficiales.
La falta de cartas aclaratorias es un síntoma inequívoco de la falta de argumentos de las autoridades morenovallistas, las cuales no han podido hacer frente a la versión que los señala como los autores de una compra ilegal del helicóptero y de la falta de transparencia para informar a los poblanos del uso y destino de los recursos públicos.
Al respecto, el pasado 16 de mayo, apareció en el Blog del Periódico El Universal, un artículo firmado por Roberto Alonso, quien se desempeña como Secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), de la cual me permito retomar algunos fragmentos:

“...La millonaria inversión de dinero público en comunicación social, que la mayoría de las veces sirve para promocionar aspiraciones políticas personales, es habitual en las entidades federativas; lo que no es común es la transparencia en su ejercicio. Pero además, por si el uso privado de recursos públicos no bastara, éstos también son empleados para satisfacer inquietudes frívolas como remodelaciones habitacionales y ostentosos medios de transporte.
En Puebla no sólo es inaccesible el desglose del gasto en publicidad oficial del gobierno del estado, sino que a pesar de las resoluciones de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (CAIP), las dependencias del Ejecutivo estatal han impedido que se respete el derecho de acceso a la información.
En respuesta a una solicitud de información que un reportero (Jorge Castillo Intolerancia) hizo para saber el nombre de la empresa que remodeló Casa Puebla -donde vive el gobernador-, su proyecto ejecutivo, el fallo de la licitación y el desglose de los gastos, ascendieron a 17.4 millones de pesos. Sin embargo, en el desglose entregado al Congreso local con motivo del primer informe de labores, el gobierno estatal reconoció haber gastado 66.6 millones de pesos en la remodelación de la residencia oficial del gobernador.
Asimismo, a través de la Secretaría de Administración el gobierno poblano se ha resistido a revelar el costo de todas las aeronaves que utiliza el mandatario para transportarse, así como su marca, modelo y fecha de adquisición. También por unanimidad, la CAIP ordenó los últimos días de marzo transparentar esta información requerida por el mismo reportero, revocando el acuerdo de reserva que justificaba su tratamiento por razones de seguridad del gobernador.
Mes y medio después y una vez superada la incapacidad de respuesta debido a que su unidad de acceso a la información se encontraba acéfala, la dependencia entregó al solicitante detalles sobre los tres helicópteros adquiridos en administraciones anteriores, pese a que en otra contestación esta dependencia había informado que el gobierno estatal contaba con cuatro aeronaves.
Adicionalmente, la Secretaría de Finanzas confirmó en marzo que el gobierno del estado había comprado un helicóptero el 15 de diciembre de 2011, en el que se presume viaja el mandatario y del cual se negaron a reconocer su existencia y ofrecer pormenores. En la prensa local ha trascendido que este medio de transporte podría tener un costo muy elevado.
Por lo que toca al gasto en comunicación social, a finales de abril la CAIP ordenó a la Dirección General de Comunicación Social del Poder Ejecutivo especificar el monto mensual de los gastos en publicidad erogados por el gobierno poblano. La información, según el pleno del órgano garante que nuevamente tomó una decisión por unanimidad, deberá presentarse desglosada por mes y por medio, junto con las copias de las facturas que justifiquen los montos.
La respuesta a la reportera que hizo esta solicitud aún no llega pero es previsible que sea parcial, lo que confirmaría que en Puebla sigue siendo opaco el destino de los recursos públicos utilizados en publicidad oficial y otros lujos. De acuerdo con el gobierno estatal, en 2011 se gastaron 180 millones de pesos en comunicación social, los cuales contrastan con los 157 millones de pesos documentados en 2010 por Artículo 19 y Fundar. Para 2012, este rubro fue reducido en un 30%, quedando en 126 millones de pesos.
De continuar la tendencia que se confirma en tres oficinas del gobierno encabezado por Rafael Moreno Valle, la nueva ley habrá valido sólo para mejorar la nota en el ranking, toda vez que las malas prácticas están lejos de ser desterradas.
Roberto Alonso.
Secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). Twitter: @rialonso”

Las pruebas no engañan, es evidente que la falta de apertura del gobierno morenovallista para transparentar el uso del dinero público será el común denominador del sexenio.
Por eso estamos como estamos.