El estupendo trabajo periodístico del reportero de Intolerancia Diario Jorge Castillo, respecto a la compra de un helicóptero Agusta, sirvió para obligar a la Secretaría de Administración a que admitiera la adquisición de la aeronave.
Sin duda, esa es la verdadera función de la prensa, el periodismo se hace investigando y exhibiendo las irregularidades en que incurren los funcionarios, en el uso y destino de los recursos públicos. Era cuestión de tiempo para que el gobierno morenovallista reconociera la compra del lujoso helicóptero Agusta Grand negro, en el cual diariamente vuela por los aires poblanos saliendo de Casa Puebla.
Resultaba imposible para la administración estatal mantener esa mentira, sobre todo cuando el gobernador Moreno Valle ha sido captado fotográficamente de esa aeronave, además de que la usa hasta para moverse en la misma ciudad.
Existen diversos testimonios que revelan que el gobernador ha volado del helipuerto de Casa Puebla al de La Vista y al del Triángulo, lo cual ha servido para que muchos poblanos conozcan este lujoso aparato, el cual —en estricto sentido— les pertenece por haberse adquirido con dinero público.

Ya tenemos la parejita
Debo decir que la investigación de Intolerancia Diario llegó mucho más lejos de lo que en la redacción de Intolerancia proyectamos, ya que las mentiras y las contradicciones en las que cayeron los funcionarios morenovallistas, en su afán de negar la compra, los llevó a confesar a través de un boletín emitido el viernes pasado la compra no de uno, sino de dos helicópteros Agusta.
Salta a la vista que ante todas las inconsistencias informativas, que de manera oficial entregó el gobierno estatal a nuestro reportero, determinaron confesar la compra de las dos aeronaves por medio de un comunicado dictado el viernes pasado, para evitar una arremetida mediática, aprovechando que el peso de la información baja de manera considerable los fines de semana.
Sin embargo, este día Intolerancia Diario hace un puntual recuento de las ilegalidades en las que incurrió el gobierno, mismas que servirán para que actúe —si es que tienen el valor— los comisionados de la CAIP y la Contraloría del estado, ya que es evidente que en la información entregada a este rotativo en respuesta a los resolutivos de la CAIP, la Secretaría de Administración mintió de manera descarada, lo cual implica una seria ilegalidad.
La falta de transparencia del morenovallismo los tiene hoy metidos en un grave problema legal.
Habrá que esperar si sanciona a los culpables de este cúmulo de mentiras.
Seguiremos con lupa el caso para saber de qué tamaño es el compromiso de transparencia, tanto de la CAIP como de la Contraloría, aunque sus antecedentes me hacen pensar que la impunidad seguirá imperando en el reino morenovallista.
Veremos y diremos.