El jefe del departamento operativo de la Secretaría de Transportes, Jesús Martínez Paz, se ha convertido en el principal verdugo de esta dependencia y con su actuar generó un clima laboral de terror.
Para complacer a sus nuevos jefes, Martínez Paz es el encargado de fabricar delitos para encarcelar a por lo menos tres delegados regionales de la secretaría. Una fuente de la ST confió a este columnista que nuestro personaje a través de la encarcelación de funcionarios menores busca atemorizar al personal y tenerlo bajo control.
En lo que va de la administración ha encarcelado a los delegados de Tepexi de Rodríguez, Acatlán y Xicotepec; suspendieron de sus funciones al de Ajalpan y han enviado por lo menos a cien trabajadores a la Secretaría del Medio Ambiente. En todos los casos, han sido fabricados delitos para acusarlos de extorsión. Es el caso de Álvaro Jofre Flores —sobrino el exgobernador Melquiades Morales Flores—. Otra víctima fue Sebastián Valdivia, quien fungía como delegado en Acatlán siendo encarcelado supuestamente por recibir dinero de una unidad “pirata”.
Alfredo Páez Cruz, de Xicopetec, corrió la misma suerte. Éste fue acusado de vender calcomanías con el logo del nuevo gobierno para censar a los transportistas. En uno de los últimos casos está involucrado Alfredo Hernández Melo, delegado en Ajalpan, que fue suspendido de sus funciones por un supuesto caso de extorsión y donde intervino “la mano” de Antorcha Campesina, que le rentaba el corralón en esa región.

Delegaciones, sin sustento jurídico
Las delegaciones de la Secretaría del Transporte viven al margen de la Ley del Transporte y tampoco hay un reglamento para esas oficinas. De tal forma que las designaciones se realizan al libre albedrío de las autoridades en turno.
Pocas delegaciones tiene el presupuesto para que funcionen; en la mayoría de los casos, los encargados de esos despachos tienen que sufragar los gastos, que pueden incluir la renta de la oficina, el teléfono y las herramientas elementales para trabajar. Incluso, la Secretaría del Transporte se desentiende de los viáticos; los delegados tienen que costear su alimentación y, en su caso, hospedaje. Algunos delegados reciben 300 pesos semanales para gasolina. Sin duda, las nuevas autoridades están generando la corrupción que trata de combatir con pruebas fabricadas.
Ojalá los diputados, ahora que tienen en sus manos la iniciativa de Ley del Transporte, tomen en cuenta este sector que maneja toda la problemática del estado y que vive en el vacío legal.