Una de tres: Al director de Seguridad Vial del estado, Jorge Verdusco Murillo, “le vale” lo que ocurre entre las filas de sus más cercanos colaboradores, o está tan cansado de tantos años como policía y se la pasa durmiendo en su oficina o le está entrando a las corruptelas.
El caso es que los excesos y los abusos de agentes viales contra conductores, principalmente de transporte público, van en aumento y tiene una lógica: a los agentes les aumentaron “la cuota” y por lo mismo tienen que “redoblar esfuerzos” para que las cuentas les salgan bien.
Personal de esta misma dependencia se acercó al reportero para denunciar que ahora el jefe de patrullas Saúl Sánchez llamó a cada uno de los elementos y les pidió una cuota de 200 pesos por turno, además de una cantidad extra cuando les toca cubrir la noche-madrugada porque se presume que es más; quienes no acepten simplemente les retiran las unidades oficiales. Esta nueva orden ha incrementado las quejas de transportistas quienes por cualquier motivo son obligados a “entrarle” con los agentes viales antes de recibir una infracción o el retiro de la unidad, pero parece que esto ha sido totalmente ignorado por el director y por las áreas que investigan casos de corrupción en el gobierno del estado, principalmente en las áreas de seguridad pública.
Pero además de estos abusos, que promueven e incrementan la corrupción, existe el hecho de que en las filas de los más cercanos colaboradores de Verdusco Murillo hay personajes que por ningún motivo debieron haber regresado a los cuerpos de seguridad; por eso existe Plataforma México, que cuenta con toda la información de quienes han pertenecido en corporaciones policíacas y existe la recomendación que no se permita el reingreso de policías que se hayan dado de baja o que hayan sido desplazados de sus trabajos por “convenir al buen servicio”. Que conste que un servidor no dijo que por “lacras”.
Usted debe de saber que Florencio Vázquez Padilla es nada menos que subdirector de Seguridad Vial del estado y fue invitado por Verdusco por ser uno de sus amigos, además de excolega. Vázquez Padilla fue relevado de sus funciones en Morelos, donde trabajaba para la Policía Federal; esto ocurrió porque lo acusaron de abuso de poder ya que en una persecución donde participó hubo una muerte de la que lo responsabilizaron. Así las cosas, fue trasladado a territorio poblano donde la Federal lo suspendió definitivamente al descubrir que había ingresado con documentos falsos; aún así, Jorge Verdusco lo trajo como principal colaborador y en agradecimiento, nuestro personaje siguió cometiendo abusos,
No tiene mucho que al conducir la patrulla 092 de Seguridad Vial del estado atropelló a un adulto en la avenida Vicente Suárez, por la zona de La Margarita y como consecuencia, su amigo, el director de Vialidad lo bajó de la patrulla, para evitarle problemas legales y le dio a cargo un Platina que no es oficial, además de que han puesto todas las trabas para no pagarle las curaciones a sus víctimas.
“Y lo mejor está por venir.”

De las corruptelas del corralón de la PGJ
En la pasada entrega le comenté de la preocupación del procurador general de Justicia, Víctor Antonio Carrancá Bourget, por los casos de corrupción que se generan en el corralón de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), que implican también a la Agencia Especializada en las Investigaciones de Robo de Vehículos, al grado de que ordenó se abriera un expediente donde se investiga uno de tantos casos de abuso de autoridad y extorsión, donde está implicado directamente Alejandro Sánchez Naranjo, encargado del área del corralón y César Joaquín Sánchez Zepeda, de vehículos.
Este último funcionario es el principal eslabón de una cadena de abusos que padecen propietarios de vehículos que tienen la desgracia de tener problemas legales en esa agencia y querer recuperar su vehículo. Este funcionario, primero permite que sus subordinados pongan todas las trabajas posibles para que un propietario pueda recuperar su unidad; son trámites que llevan hasta meses, luego vienen los cobros por el arrastre de unidades; arrastre que se realiza con grúas de empresas privadas, aún cuando la PGJ adquirió dos grúas más —sumando 4— para el arrastre de unidades gratuito y si esto fuera poco al propietario le hacen otro cobro más: el pago del arrastre de vehículos dentro del corralón para sacar su unidad, que por algún razón se quedó “encajonada”.
Cuando el propietario o víctima llega desesperado a denunciar estos abusos con el licenciado Zepeda, sólo consigue que le “rebajen” 50 por ciento a todos los cobros.
Por falta de espacio, será en la siguiente entrega cuando le narre cómo se robaron un Marquis del área del corralón y quienes son los implicados.
Nos vemos cuando nos veamos.