Por “razones de Estado”, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) ha manejado con “guantes quirúrgicos” las investigaciones, a través de la Dirección General para la Atención de los Delitos relacionados con Servidores Públicos —a cargo de Benjamín Albores Manzo— contra elementos de las policías Ministerial, del Estado y del Municipio que han incurrido en delitos como el asalto a mano armada, el secuestro y la extorsión, faltas por las que cualquier servidor público debía ser suspendido inmediatamente de sus funciones; sin embargo, han seguido laborando hasta que las mismas indagatorias los llevan a formales consignaciones, de las que difícilmente pueden escapar.
Las “razones de Estado” por las que las consignaciones de servidores públicos de estas áreas, principalmente de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y de la Ministerial del Estado (PME) han sido para no ensuciar más a las corporaciones policíacas de Puebla, sobre todo cuando se trata de “maquillar a todo el estado”, para hacerlo ver como un punto en el centro del país totalmente seguro, motivo por el que incluso se han ocultado todas las averiguaciones previas que hablan de asaltos a casas habitación, a transportes y a vehículos, aunque las víctimas siguen aquí clamando justicia.
Pese al bloqueo del gobierno del estado, a través de la PGJ, para ocultar casos que pongan al descubierto la inseguridad y el autoritarismo de los cuerpos policíacos —por los operativos donde se han violentado los derechos humanos— existe la satisfacción de que malos policías están ingresando al penal de San Miguel con acusaciones sustentadas por investigaciones precisas; lo malo es que estas detenciones no se muestren al público, con la intención de proteger a malos servidores públicos que provocaron estos excesos o que ni siquiera les importó que existían y, por favor, no me pregunten por don Ardelio Vargas Fosado.

Verdades a medias
Qué gratificante hubiera sido para los poblanos que el lunes 27 de agosto se hubieran desayunado con la noticia de que dos elementos en activo de la PEP, Raúl Carmona Ramírez y Gabriel Juárez San Diego, fueron consignados como presuntos responsables del delito de secuestro exprés agravado, en lugar de un breve boletín donde se detallaba el caso pero se omitía que los detenidos eran servidores públicos y que el día que cometieron el delito portaban un uniforme oficial e iban a bordo de un vehículo oficial.
En lugar de esto, en el noticiero de Javier López Díaz hubo al menos tres personas que detallaron haber sido víctimas de “levantones” y atracos por elementos de la uniformada, precisamente la PEP, y las críticas no se dejaron esperar, incluso hubo llamadas donde autoridades prometían abrir investigaciones, entonces ¿por qué ocultaron que otros servidores públicos habían sido detenidos por delitos similares?, ¿a quién estaban protegiendo?

La espada de Damocles
Esa misma suerte, la cárcel, la corren personajes de la Policía Ministerial del Estado; el primero, el jefe de grupo Fabián Moreno de Lara, actualmente amparado para no ser suspendido de sus funciones y procesado por delitos de abuso de autoridad y otros.
Moreno de Lara está bajo las órdenes directas de José Solís Briones, uno de los primeros mandos de la corporación de investigadores.
Quienes lo acusan penalmente sostienen que este hombre en estado de ebriedad les disparó con su arma de cargo para obligarlos a detener la camioneta Hummer que tripulaban, además de que existen otros señalamientos más en su contra, entre los que se encuentra la protección a las bandas dedicadas al robo de hidrocarburos, historias que en breve vamos a detallar.
Otro de estos “servidores públicos” es el jefe de grupo Guillermo Jiménez Vázquez, actualmente adscrito a la zona de Villa Lázaro Cárdenas (o La Uno), donde —según quejas— lo enviaron sin arma de cargo y sin identificación; en otras palabras, incomunicado mientras se ciernen investigaciones en su contra. No sería extraño que Jiménez Vázquez haya sido enviado a una “zona de castigo”, lo extraño es que lo mandan desarmado a donde precisamente meses atrás estuvo a punto de ser asesinado por presuntos “zetas” que se han enquistado en la región.
Este personaje fue vinculado a un grupo de policías “amafiados” para extorsionar a sujetos que perpetran delitos como robo de hidrocarburos, trata y “narcomenudistas”, entre los que se encuentran Pascual Resurrección Potrero Serrano, procesado por secuestro exprés agravado contra un permisionario.
La PGJ investiga las actividades de este grupo de policías, aún en activo, entre los que incluso se encuentran federales, quienes en lugar de perseguir delitos los promueven al obligar a delincuentes a que les den una “tajada” de sus actividades.
Jiménez Vázquez aún no ha sido exonerado, pese a que sostenga que “quieren silenciarlo”.
La justicia aún lo espera.
Nos vemos cuando nos veamos.