El procurador general de Justicia, Antonio Carrancá Bourget, reconoció que no es tan difícil ubicar y detener a los presuntos elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) que el fin de semana “levantaron” y asaltaron a dos periodistas de los medios de comunicación e-consulta y Milenio, mientras que el secretario de Seguridad Pública dice que “aunque no le consta” que los asaltantes sean policías del estado, de todos modos los van a detener.
Se los dije: “declaraciones… declaraciones”, aunque la realidad es otra, mientras que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) sigue pistas para ubicar a los uniformados, la PEP pone todas las trabas posibles para que no sean capturados negando información sobre la bitácora de actividades de esta corporación en la zona donde ocurrió el asalto.
Parece que a los investigadores se les olvidaron las cámaras de video que están instaladas cerca de donde los compañeros periodistas fueron abandonados por los uniformados, tras despojarlos de sus celulares y dinero en efectivo. Además, si se supone que todos los policías —todos— cuando están realizando servicio de vigilancia se deben reportar en forma constante del lugar donde se encuentran, además de que son supervisados por otras unidades, entonces cómo pudo ocurrir que los periodistas fueron privados de su libertad durante tres horas y ninguno de sus superiores se dieran cuenta.
Los mismos elementos de la PEP que se encargan de la vigilancia en la zona del “levantón” deben saber quienes fueron los asaltantes. ¿Por qué los encubren?

Espada de Damocles pende sobre judiciales homicidas
En la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se resguardan las pruebas presentadas por tres exagentes de la desaparecida Policía Judicial del Estado (PJE) José Días Salinas, Edgar Rolando Contreras Chang y José Carlos López Quiterio, sentenciados los dos primeros a 36 años y el último a 41 de prisión, tras ser hallados culpables por el juez Primero de lo Penal por delitos de homicidio y secuestro, además de abuso de autoridad y otros más.
Había trascendido que los tres exagentes iban a denunciar que no estaban implicados en los hechos donde perdiera la vida el empresario Ricardo Ramírez González, además de que su hermano, el también empresario Antonio Ramírez González, fuera secuestrado; sin embargo, fue “pan con lo mismo”. Los tres sentenciados, quienes apelaron a la sentencia dictada por el juez, sostuvieron lo mismo, que no secuestraron, torturaron y privaron de la vida Ricardo Ramírez, que no son responsables del secuestro de Antonio Ramírez; lo mismo de siempre, aunque ellos mismos saben que todas las pruebas los incriminan, los mismos dictámenes médicos y de necropsia.
La diligencia ocurrida en la Tercera Sala Penal del TSJ no tuvo mucha trascendencia para los detenidos, sólo que la sentencia que les fue aplicada fue demasiado benévola. Le voy a relatar para la siguiente entrega qué sigue o quiénes siguen en un caso donde se evidenció el abuso y los excesos de una Procuraduría General de Justicia, representada por la actual jueza Blanca Laura Villeda Martínez, y por todos los que en su momento colocaron “una cortina de humo” para ocultar lo que le ocurrió a dos hermanos empresarios.

Mucho ojo, padres de familia
Un servidor dirige el mensaje no a las autoridades que procuran justicia, que persiguen y evitan delitos.
El mensaje es para los padres de familia cuyos hijos rebasan los 12 o 13 años de edad, a quienes les permiten acudir a fiestas en “antros” de la ciudad de Puebla y de las dos Cholulas, principalmente en San Andrés. Aparece en una página de interner una invitación para una fiesta que se va a celebrar el viernes 27 de octubre, al que se le ha denominado “Tres Brujas”, en la Ex Hacienda de San Jorge; de manera especifica en Camino Real a Cholula 6664, de Santa Cruz Buena Vista, donde quienes invitan se identifican como Toño Maldonado, Mike Arana y Corporativo AB, aunque dicen que también estaría como socio Daniel Muñoz.
Un grupo también de padres de familia alertó que este tipo de fiestas no tiene como ganancia la venta de botellas de ron falso de 350 pesos, sino la venta de todo tipo de drogas, desde cocaína, crack hasta metanfetaminas y otras. La preocupación de los quejosos es que al lugar van a dejar entrar a menores de edad, sin que exista la supervisión de alguna autoridad como, ocurrió el año pasado y el antepasado y el…
Y si le comenté en un principio que el mensaje no iba dirigido a autoridades que procuran justicia, persiguen o evitan delitos, es porque un servidor el año pasado reportó la realización de esta misma fiesta y nadie hizo nada, ni siquiera Protección Civil del estado se acercó, pese a que las instalaciones dejaban mucho qué desear en materia de seguridad. La alerta consiste en llamar a los padres de familia para que no permitan que sus hijos se arriesguen en fiestas de este tipo.
Le adelanto: los van a dejar funcionar, pese a todo; entonces mejor cuide a su familia.
No hay a quien recurrir.
Nos vemos cuando nos veamos.