Ésta es la óptica de la Seguridad Pública del “Pueblo Mágico” de San Andrés Cholula, es decir, la nota roja, la que el gobierno del estado —a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado— pretende ignorar.
No hay que ser mago para saber que en San Andrés Cholula se ha tendido una “cortina de humo” para desconocer la presencia de la delincuencia organizada, al parecer la del Cártel de la Familia Michoacana, en una zona donde los negocios de giros “negros” han agrandado las arcas municipales por todos los permisos y concesiones, además de que también han engordado los bolsillos de uno que otro funcionario municipal.
El compañero José Luis Moctezuma, en el noticiero Así Sucede, fue el único que el lunes informó de la colocación de una manta que aludía a la Familia Michoacana amenazando a Gabriel Bonilla Rosas, el secretario de Seguridad Pública de San Andrés Cholula, por una supuesta traición a su grupo: “El que entra no sale”, fue la advertencia que incluida un “tú sigues”.
De inmediato Ardelio Vargas Fosado, el titular de la SSPE, declaró al mismo reportero que la manta era obra de grupos delictivos locales, —¡menos mal!—, que no obedecía a las utilizadas por la delincuencia organizada ni en tamaño ni en letras, y convertido en un “perito” no solo minimizó el “narcomensaje”, sino que además dijo que “ya estaban investigando”, olvidándose de que su campo de acción no pasa de lo preventivo y que las investigaciones corresponden a la Procuraduría General de Justicia o, en su caso, a la General de la República. De la “inteligencia” ni me pregunte, aquí en Puebla han vivido capos del narco y ni siquiera se ha dado cuenta, al menos así parece.
Al colocar de nuevo una venda a los ojos de la sociedad negando la presencia del crimen organizado, Vargas Fosado se olvidó de lo ocurrido la madrugada del sábado 27 de octubre cuando Miguel Ángel Carcaño Chantes, director del Jurídico de San Andrés Cholula, fue sacado de su casa mediante la violencia por un grupo armado, para que horas después fuera hallado en la cajuela de su vehículo Toyota Corolla blanco, placas TTX2437, presentando dos impactos de arma de fuego, uno en el estómago y el segundo en el rostro.
Por un lado, Ardelio Vargas se ha encargado, al parecer en forma indirecta, de cuidar las espaldas del secretario Bonilla Rosas, mientras que el presidente municipal de San Andrés Cholula lo ha protegido a capa y espada de acusaciones de corrupción, de abuso de autoridad, de despotismo contra sus subordinados, y ahora la misma delincuencia organizada lo tacha de traidor.
¿No sería necesario que Gabriel Bonilla Rosas sea investigado a fondo hasta descartar que se encuentre involucrado en algún ilícito, incluso para prevenir un baño de sangre?
¿No sería necesario que se analice que esta ocurriendo no sólo en San Andrés Cholula, sino en San Pedro Cholula donde la noche del domingo fueron atacados con armas de fuego tres hombres presuntamente ligados al “narcomenudeo”?
¿Cuántas muertes más tienen que ocurrir para que se reconozca la necesidad de limpiar de malos policías las zonas de las Cholulas donde el “narcomenudeo” aumenta en forma considerable, lo mismo que las ejecuciones?

El correo de los muertos
A los Magistrados de la Tercera Sala Penal
“Señor periodista:
”A través de esta carta, de abogados litigantes que conocimos cómo trabajo la Procuraduría General de Justicia, con la maestra Blanca Laura Villeda Martínez y el maestro Rodolfo Igor Archundia Sierra, y enterados de que en la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia se analiza la inconformidad de los ex elementos de la Policía Judicial del Estado: José Díaz Salinas, Edgar Rolando Contreras Chang y José Carlos López Quiterio, a las sentencias que les fueron impuestas por el Juez Primero de lo Penal a 36 y 41 años de prisión, le queremos hacer el comentario que en realidad se quedaron cortos en el castigo contra quienes privaron de la vida al empresario Ricardo Ramírez Rodríguez y secuestraron a su hermano, Antonio Ramírez Rodríguez.
”Mientras duró como procuradora de justicia la maestra Blanca Laura, quien ahora pretende ser Juez en juicios sumarios, la Policía Judicial del Estado allanó domicilios, detuvo a hombres y mujeres, sin importar la edad, a quienes les pusieron cuchillos o navajas para acusarlos de portación de objetos prohibidos o incluso de chantaje, mientras les fabricaban cómodamente diversos delitos.
”Quien se prestó a los abusos de los dos procuradores fue Rocío Montero Serrano, recientemente despedida de la Procuraduría, cuando se desempeñaba como directora de Averiguaciones Previas de la Zona Sur, incluso esta mujer participó en los interrogatorios violentos contra quienes eran detenidos.
”Además de los dos hermanos secuestrados, uno de ellos asesinado, hubo otras quejas ante la Comisión de los Derechos Humanos, incluso denuncias ante el Ministerio Público por abusos de agentes judiciales, todos ellos de su grupo especial, entre los que también se encuentra Gabriel Gaspariano.
”No se dejen engañar, rásquenle y se van a llevar muchas sorpresas.”
Hasta aquí la carta.
Nos vemos cuando nos veamos.