Justo en estos momentos, cuando la credibilidad de quienes persiguen delitos, procuran y administran justicia se encuentra en entredicho, sobre todo en este cierre de actividades federales, ¿qué pasaría si la justicia poblana se pronunciara por la libertad de tres exservidores públicos acusados de secuestro, homicidio y abuso de autoridad, entre otros delitos?
¿Cuál sería el desenlace social si en un fallo judicial quedaran libres tres hombres que se valieron de la impunidad que les daban sus cargos, en la desaparecida Policía Judicial del Estado (PJE), además de la cercanía que tenían con la en ese entonces procuradora general de Justicia (PGJ), Blanca Laura Villeda Martínez, actualmente jueza del Tribunal Superior de Justicia (TSJ)?
¿Qué pasaría?
Se lo comentó por la serie de rumores que se han dado en los pasillos del TSJ donde se dice, sin que esto tenga un 100 por ciento de realidad, que tres exagentes de la PJE acusados de asesinar al empresario poblano Ricardo Ramírez Rodríguez el 31 de enero del 2008 y de secuestrar a su hermano, el también empresario Antonio Ramírez Rodríguez, podrían quedar en libertad.
Y es que la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia se encuentra radicada la apelación de José Díaz Salinas, Edgar Rolando Contreras Chang y José López Quiterio, sentenciados por el juez primero de lo Penal a una pena de 36 años de cárcel a los dos primero y 41 al tercero, tras ser hallados culpables del secuestro y muerte mediante tortura del empresario Ricardo Ramírez y el secuestro de su hermano, quien estuvo a punto de ser asesinado.
En esta sala se encuentran los magistrados Manuel N. Ríos Torres, Margarita Gayoso Ponce y Fernando Humberto Rosales Bretón, este último procurador de Justicia durante un mes en la administración de Mario Marín como gobernador de Puebla, quienes estudian el expediente Toca 642/2012 donde los tres exfuncionarios manifiestan su inconformidad al fallo del juez primero de lo Penal.
Como no faltan los “agoreros” que dicen que “un favor personal” pedido en altas esferas gubernamentales va a provocar que estos tres exagentes burlen a la justicia poblana y salgan libres y exonerados de un crimen que en sus momentos, en el año 2008, provocó que rodara la cabeza de quien en esos momentos era la procuradora de justicia, la abogada Villeda Martínez.
Es realmente difícil suponer que estos tres agentes puedan quedar en libertad, pese a las pruebas que hay en su contra y que pese a todos los esfuerzos de la maestra Villeda y de su grupo cerrado de colaboradores, entre éstos el también exprocurador Rodolfo Igor Archundia Sierra, no pudieron echar por tierra.
Sin embargo, la curiosidad salta y la pregunta es clara.
¿Qué pasaría si en la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia se echara abajo el fallo del juez primero de lo Penal y quedaran exonerados los tres exjudiciales?
De entrada, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) estaría obligada de acudir a otras instancias legales, en este caso las federales, para que su análisis fuera más a fondo y aún existe otra instancia más donde las manos de magistrados y jueces locales no pueden ni siquiera acercarse y, lógico, mientras todos estos trámites siguieran los tres homicidas —porque así lo dicto un juez— seguirían presos. Pero además existen organismos de Derechos Humanos que estarían pendientes de la actuación de nuestras autoridades, además de grupos sociales que luchan contra los abusos de cuerpos policíacos que de inmediato retomarían el caso para exigir justicia, sin dejar de mencionar las mismas denuncias de los familiares del empresario Ricardo Ramírez, asesinado en los separos de la en ese entonces Policía Judicial.
Además, no debe olvidarse que los tres agentes sentenciados —actualmente en actitud de protesta— no solamente fueron acusados por dos secuestros y un asesinato, existen otros expedientes que en su momento ocultó la Procuraduría General de Justicia donde se detallan actos de tortura, abuso de autoridad y otos delitos.
Pero al final, esto de “¿qué pasaría?” es sólo una pregunta, es muy difícil que el actual gobierno se adjudique una deuda y un compromiso de la pasada administración, actualmente el eslogan dice: “Nadie por encima de la ley”.
Veremos.
Nos vemos cuando nos veamos.