El lunes 3 de diciembre se celebró en la Cámara de Diputados de México el Primer Foro de la Tortura y sus Consecuencias, donde entre sus participantes se encontraban grupos como la Fundación de Apoyo para Inocentes Torturados (FAIT), presidida por Jorge Alberto Ferreira, de 29 años de edad, quien sobrevivió a 18 horas de tortura para que confesara un delito que no cometió.
A seis meses de ser exonerado del “chalequito” que le inventaron, aseguró que no sólo se debe de erradicar la práctica del sistema judicial mexicano, sino que además se necesitan mecanismos de ayuda para las víctimas y sus familias, quienes sufren un trauma superior.
Tan sólo en el año del 2011, hubo mil 669 personas que fueron víctimas de tortura, que nada más registró la Comisión de los Derechos Humanos, porque hubo casos que no fueron denunciados.
Habría que recordar que en 20 años que tiene de vigencia la legislación contra la tortura en México han sido sancionados 10 supuestos responsables.
En Puebla la Comisión de los Derechos Humanos (CDH), ha tendido “una cortina de humo” de casos relacionados con tortura, donde incluso hubo víctimas no sobrevivieron a los interrogatorios acompañados de golpes, asfixias y otras agresiones físicas como las descargas eléctricas.

Blanca Laura Villeda, La torturadora de Justicia
Blanca Laura Villeda Martínez, durante su administración como Procuradora General de Justicia (PGJ), se ganó el mote de “Torturadora”, luego de que utilizara para su propio beneficio —sus guerras internas— al grupo elite creado para investigaciones especiales bautizado como DIEDO (Dirección de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada), que utilizó para perseguir a sus enemigos, además de la misma Policía Judicial del Estado (PJE), ya desaparecida, a quienes hostigó interceptando comunicaciones, amenazando e incluso ofreciendo protección a delincuentes que declararan en contra de los judiciales que los detuvieron.
El conflicto más grave que enfrentó la maestra Villeda, fue la muerte violenta del empresario Ricardo Ramírez Rodríguez, asesinado en los separos de la PJE el 31 de enero del 2008, además del secuestro del también empresario Antonio Ramírez Rodríguez, que dejaron como único saldo la consignación de dos jefes de grupo y un agente de la PJE, de la Subdirección Operativa y que antes formaron las filas de la temida DIEDO.
Tras ese crimen violento, ventilado incluso en la Cámara local de Diputados, de la administración pasada, la maestra presentó su renuncia y hasta la fecha nunca ha sido llamada a cuentas, pese a que se valió de los recursos del gobierno del estado para proteger a los judiciales homicidas, su principal cómplice de esta felonía —Rocío Montero Serrano, primero fue ocultada por el ahora exprocurador de Justicia Rodolfo Igor Archundia Sierra, quien le ofreció un cargo menor al de directora de Averiguaciones Previas que ostentaba y la mandó a una agencia de medicación, actualmente trabaja en la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala como agente del Ministerio Público adscrita al municipio de San Pablo del Monte.
Otros implicados en el crimen y abuso de autoridad ya sea por acción o por omisión tampoco han sido llamados a cuentas, porque a todas formas tratan de desaparecer de la historia de la justicia en Puebla uno de tantos casos de tortura y de homicidio calificado.

En la Tercera Sala Penal del TSJ, la gente de la torturadora
Los dos jefes de grupo y el agente de la PJE, conocidos como del grupo cerrado de la maestra Villeda, siguen internos en el Cereso de San Miguel, no tiene mucho que el juez Primero de lo Penal los sentenció a penas de 41 y 36 años de prisión por el asesinado del empresario y el secuestro de su hermano, por lo que se inconformaron con la pena privativa de la libertad y en este lugar aguardan la exoneración o la ratificación de la pena.
José Díaz Salinas, Edgar Rolando Contreras Chang y José López Quiterio, esperan que las “influencias” de su “patrona”, quien actualmente ocupa el cargo de juez y aguarda los nuevos movimientos en la administración de justicia, por los juicios orales, les tienda la mano para que puedan alcanzar su libertad y engrosar las listas de casos de tortura y de abuso de autoridad que quedan en la impunidad.
Lo malo para estos elementos es que la administración actual no es la misma que en el 2008, además de que a nivel nacional existen organismos no gubernamentales que persiguen este tipo de casos y que estarían en toda la disposición de armar un escándalo a nivel nacional, justo en estos momentos en que se cuestiona como se administró justicia durante los años pasados, con decirle que el “arraigo” está terminando por ser considerado anticonstitucional.
Que pena.

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