Nuevamente la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) da de qué hablar y escribir, luego de que en la sesión de este jueves se pasó otra vez por el arco del triunfo la ley de transparencia de Puebla.
El caso es simple: Un ciudadano solicitó a la Secretaría General de Gobierno los gastos que se hacen en las Jornadas de Lectura de su titular, Fernando Manzanilla Prieto, para lo cual pedía un desglose total.
La dependencia respondió que los gastos formaban parte de otro programa, por lo que no los tenía desglosados. Por eso, el ciudadano interpuso un recurso de revisión ante la CAIP.
Pero el “organismo garante de la transparencia” lo desechó porque el recurrente no fue de manera personal a ratificar el recurso de revisión, argumentando el artículo 77 de dicha legislación.
Sin embargo, los comisionados no mencionaron que podían invocar el artículo 86, donde tienen facultades de corregir errores del recurrente, lo que en términos jurídicos se conoce como suplencia de la queja.
Pero el problema no para ahí; la CAIP no ratificó que el ciudadano no viviera en Puebla, sino que simplemente le hizo caso al sujeto obligado que en este caso es la SGG, sin confirmar la residencia, como lo hacen de manera normal.
Los comisionados ante la duda debieron hacer prevalecer el derecho de acceso a la información, lo cual —en teoría— es el bien jurídicamente tutelado. Lamentablemente, para evadir la obligación de rendir cuentas, pasó a un segundo término, poniendo como pretexto el trámite burocrático
Como cereza en el pastel, el comisionado ponente que echó abajo la inconformidad ciudadana fue nada menos que el polémico Federico González Magaña, quien llegó en un proceso turbio, ya que participó de manera activa en la campaña del gobernador Moreno Valle.
Apenas hace unos días, el mismo comisionado desechó o sobreseyó 16 recursos de revisión contra el mismo número de dependencias, con el argumento de que los recursos fueron interpuestos antes de recibir la información. Todo esto, a pesar de que la información nunca se entregó, ya que el problema era el cambio de modalidad de entrega.
Para rematar, hay que añadir que en mes y medio de la gestión en la presidencia de Javier Fregoso —extrabajador de la esposa del gobernador—, no ha habido una sola resolución contra el gobierno morenovallista.
No cabe duda que una sombra de opacidad o tinieblas invadió a Puebla.

La opacidad del auditor
El resultado de la Auditoria Superior de la Federación ha puesto en entredicho la capacidad del auditor David Villanueva Lomelí, quien no informó que en el 2011 el gobierno tenía un subejercicio en dos secretarías, de 2 mil 415 millones de pesos en el Seguro Popular y el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, cantidad que representa casi el tres por ciento del presupuesto que se ejerció ese año.
Con el argumento de que se tienen que hacer auditorías aleatorias a los sujetos de revisión, podrán decir que a ellos no les correspondió hacer la revisión al sector salud, pero este es un argumento tan burdo como el agente de la aduana que no se percata que pasó un elefante en una maleta porque el semáforo estaba en verde.
Queda claro que así como se ocultó un subejercicio de ese nivel, donde se presume que existió un flagrante desvió de recursos, se antepuso un maquillaje de cifras ante la complacencia de los diputados.
Ahora hay que señalar también al verdadero responsable, Jorge Aguilar Chedraui, quien busca una diputación local, pero con lo hecho podría iniciarse un procedimiento de responsabilidades en su contra.
En este momento, el titular de Salud se convirtió en uno de los personajes más vulnerables de la administración morenovallista.
Por algo busca fuero.