Hace unos días la empresa Parametría dio a conocer un estudio demoscópico en donde la población —de modo literal— manda a la lona a los ministros de la Corte.
Los datos que presenta la casa encuestadora señalan que la mitad de los mexicanos considera que castigar por utilizar las palabras “maricón” o “puñal” atenta contra la libertad de expresión.
Recordemos que el pasado 7 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió mediante el Amparo Directo en Revisión 2806/2012 que expresiones como “maricón” o “puñal” —empleadas en la disputa entre Armando Prida y quien esto escribe— no estaban protegidas por el derecho a la libertad de expresión y que su uso podía ser considerado como daño moral, ya que estas expresiones hacían eco del discurso de odio que incentiva o provoca el rechazo hacía un grupo social, en este caso contra personas homosexuales.
No obstante, el estudio demoscópico realizado a mediados del mes de marzo da cuenta de que cuatro de cada 10 mexicanos se enteró de la resolución que fue aprobada por los votos de tres ministros a favor y dos en contra.


De acuerdo con lo establecido por la propia Corte, la resolución es congruente con otras sentencias emitidas que abordan el tema de la libertad de expresión y el derecho al honor; no obstante, la opinión pública en México se encuentra dividida, 47% dijo que sancionar a alguien por utilizar estas palabras sería atentar contra la libertad de expresión contra 41% que dijo que sí se debía sancionar el uso de las mismas por ser discriminatorias; esta última opinión fue compartida por los tres ministros que consideraron estas expresiones como ofensivas e impertinentes, señala el estudio.


Recordemos que uno de los ministros que votó en contra del amparo en cuestión fue José Ramón Cossío, quien en un artículo publicado en la revista Letras Libres da cuenta de la importancia del tema, ya que se problematiza el derecho a la libertad de expresión, uno de los pilares del Estado liberal; en palabras del propio ministro: “(…) ofender no es discriminar. El periodista insultado por la columna reclamó el respeto a su honor, no una discriminación por pertenecer a cierto grupo social. La decisión de la Sala terminó mezclando el estándar del insulto (las expresiones ofensivas) con el de la discriminación (el menosprecio hacia una categoría sexual)”.
En la parte final del estudio, Parametría destaca la postura de los diferentes líderes de opinión, éstos recomiendan que debe ser la opinión pública y no un tribunal la que sancione las expresiones discriminatorias.
Ya que sería imposible y tendría un costo muy alto para la libertad que fuera el Estado quien regulara estos discursos.
La actitud de los ministros de la Corte continúa generando un sinnúmero de opiniones, unas a favor, otras en contra. Lo cierto es que la población considera el fallo como una exageración.
Así lo demuestra la encuesta de Parametría, quien noqueó a nuestros flamantes ministros.