Carlos Regino Muñoz Durán, empresario de la construcción oriundo de Veracruz y avecindado por cuestiones de negocios en Palmar de Bravo, es un testigo fiel de las investigaciones “al vapor”, con lujo de violencia y con total negligencia por parte de la coordinación del Ministerio Público de la zona de Tecamachalco y de la Policía Ministerial del Estado (PME), tras la muerte violenta de Manuel Noria Salas, empleado del presidente municipal de esa localidad, Julio Eduardo Morales Genes, quien fue asesinado de un disparo de arma de fuego del calibre .22 en el interior del domicilio del alcalde.
Para la Procuraduría General de Justicia (PGJ) uno de los principales sospechosos del crimen es César Morales Cortes, hijo del presidente municipal Julio Eduardo Morales, y en su afán de querer “cerrar el caso” ha incurrido en privación ilegal de la libertad, hostigamiento y abuso de autoridad no sólo contra el presidente municipal de Palmar de Bravo, Morales Genes, sino contra hombres que ni siquiera trabajan para él; y qué decir de elementos de la Policía Municipal de ese lugar, a quienes a toda costa pretenden acusarlos de haber ayudado al hijo del edil a escapar.
De hecho, en estos momentos ocho elementos de la Policía Municipal de Palmar de Bravo se encuentran arraigados en un hotel de la ciudad de Puebla y, según declaraciones de sus familiares, han sido objeto de todo tipo de atropellos para que declaren haber recibido órdenes de su presidente municipal para que dejaran libre a su hijo, aunque muchos de estos policías ni siquiera estaban de turno cuando el crimen ocurrió y, pese a todo esto, los mismos familiares de los policías advierten que estos uniformados están cansados, golpeados y con ganas de firmar lo que les pongan enfrente con tal de que los dejen dormir y descansar.
 
Redada tras orden de cateo 
Regino Muñoz Durán, quien rentó una parte del rancho donde vive el presidente municipal de Palmar de Bravo y su familia, comentó al reportero cómo cerca de 30 elementos de la Policía Ministerial del Estado (PME), en aproximadamente ocho camionetas, se llevaron privados de su libertad a siete de sus empleados —no del personal de Julio Eduardo Morales— a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), donde fueron interrogados y les tomaron declaración sin que tuvieran un abogado presente. La intención siempre fue que alguno de ellos dijera que sí vio a policías de Palmar llevarse al hijo del presidente y después liberarlo; por cierto, no les sirvió de nada.
El ingeniero y empresario relata que el lunes 2 de septiembre llegaron a la propiedad que rentan los ministeriales, junto con una agente del Ministerio Público de Tecamachalco y Alfredo René Macip, coordinador de los agentes del Ministerio Público, que llevaban una orden de cateo para registrar toda la propiedad. 
Cuando el empresario llegó, siete de sus empleados habían sido separados de sus funciones. “Es para invitarlos a declarar”, le dijo René Macip, mientras los agentes buscaban un arma del calibre .22, que en ese lugar no hallaron. 
Muñoz Durán les dijo que dejaran en paz a sus empleados, que él respondía por ellos, y aprovecharon que el profesionista y empresario fue a la segunda casa cateada, a petición de la esposa de Ángel Morales, quien quería un testigo de lo que iban a hacer los empleados de la PGJ, donde buscaban lo mismo, para que sus empleados fueran materialmente “levantados” y llevados a las instalaciones del Ministerio Público de Tecamachalco, donde fueron “invitados” a declarar, aunque la invitación se prolongó hasta las instalaciones de la PGJ en Puebla
Los investigadores se llevaron un rifle del calibre .22, así como otro que es de colección y que le fue regalado a la familia por el gobernador de Tamaulipas. Los empleados retenidos la mañana del lunes fueron liberados hasta las 16:30 horas del martes.
Pero, mientras los cateos se realizaron, el presidente municipal de Palmar de Bravo, Julio Eduardo Morales, su esposa y su hermano Ángel Morales permanecieron retenidos desde la tarde del domingo hasta la tarde del lunes, de nuevo por “invitación”, aunque después se dijo que estaban en calidad de “indiciados”, aunque al final los dejaron libres.
 
Testigo estrella de la PGJ
Andrés Martínez Silverio, presunto único testigo de la muerte de Manuel Noria Salas, se encuentra en poder de la PGJ; ya le ofrecieron trabajo “hasta que las investigaciones de este caso terminen”, pero primero lo sometieron a un “intenso” interrogatorio, donde fue golpeado y amenazado por sus entrevistadores, que al final se presume que lograron el objetivo que buscaban y ahora no le permiten llegar a su casa.
Respecto a Martínez Silverio, su familia presentó una constancia de hechos por su desaparición, la 2921/2013/CENTRO, donde señalan que este hombre fue sacado de su casa por la fuerza el 4 de septiembre a las 8:20 horas por dos sujetos que se lo llevaron, hasta ese momento, con rumbo desconocido.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos buscó a este hombre en la PGJ y se los negaron, aunque fue encontrado después en el tercer piso de ese mismo edificio. Ahora, por alguna razón, permanece en poder del Ministerio Público, con ofrecimiento de empleo, y todo como si le “pagaran para delatar”.  
Esta historia apenas comienza. 
Nos vemos cuando nos veamos.