Menos de dos meses estuvo vigente la modificación de la Ley del
Agua aprobada por la aplanadora morenovallista.
Apenas el 12 de septiembre de 2013, con 28 votos a favor y nueve en contra —todos ellos del PRI—, los legisladores aprobaron la reforma privatizadora del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla, y con ello el Congreso del estado perdió el control para establecer las tarifas de agua potable.
El hecho provocó una serie de protestas y amparos promovidos en distintos juzgados federales por parte de particulares, universidades e iniciativa privada.
Incluso, la semana pasada el Juzgado Séptimo de Distrito concedió la suspensión a Rosa Mendoza Hernández y Mario Antonio Pérez Bautista para que no se les aplique el proceso y paguen las cuotas establecidas por el gobierno del estado y no por la empresa.
“Procede conceder a la quejosa, Rosa Mendoza Hernández, la suspensión provisional solicitada para el efecto de que no se apliquen en su perjuicio las consecuencias de la norma impugnada. Asimismo, para el efecto de que no se determine y actualice la estructura tarifaria en perjuicio de la quejosa, respecto del cobro de los derechos por los servicios de agua potable y no se traduzcan en créditos fiscales, en términos de las normas impugnadas”, señaló el juez federal.
El escándalo mediático en los tribunales iba a la alza.
Por lo que ayer los diputados que integran la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del estado se reunieron con el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Luis Maldonado Venegas, para tratar, según la excusa de ellos mismos, “una equívoca percepción en relación con las reformas realizadas a la Ley del Agua y Saneamiento de Puebla”.
Luis Maldonado Venegas aclaró que las falsas interpretaciones, como que la definición de tarifas quedaría al arbitrio de empresas privadas o que desaparece el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), son promovidas por grupos con intereses políticos o particulares y no corresponden a la naturaleza y al espíritu de dicha reforma.
Por la noche, los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso local, que preside el diputado Elías Abaid Kuri, aprobó por unanimidad derogar el artículo 118 bis de la Ley de Agua del Estado, con el propósito de que sea el Congreso del estado el que determine la estructura tarifaria sobre el cobro del agua.
Hoy el pleno avalará esta postura.
Sin duda, un nuevo récord legislativo.