En los corredores policíacos corre un rumor en forma constante, que indica del posible “ajuste de cuentas” de un empresario de nombre Antonio Ramírez Rodríguez, hermano de Ricardo Ramírez Rodríguez, secuestrado y asesinado en los separos del extinto edificio de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), que se ubica en la 31 Oriente y el bulevar 5 de Mayo, de la colonia Ladrillera de Benítez, ocurrido la tarde del 31 de enero de 2008.
Y es que los mismos amigos cercanos de tres exelementos de la desaparecida Policía Judicial del Estado (PJE), Jorge Díaz Salinas, Edgar Rolando Contreras Chang y Carlos López Quiterio, comentan que los tres podrían obtener su libertad tras permanecer en el Cereso de San Miguel desde marzo de 2008, luego de que su caso se ventila en instancias federales, donde argumentan que su detención, proceso y sentencia fue mediante una presión mediática y no legal.
Los tres han anunciado por medio de estos rumores que se van a vengar y que cuentan con el auxilio de otro de sus cómplices que nunca fue detenido y que podría ser el cuarto elemento que participó en el secuestro de los dos hermanos Ramírez Rodríguez y en el asesinato de uno de ellos, quien tuvo toda la ayuda necesaria para escapar y que en estos momentos se encuentra libre.
Lejos de ser cierta esta amenaza, considerando que el caso de los tres exjudiciales está a punto de resolverse, existe peligro de que el empresario Antonio Ramírez Rodríguez sea blanco de algún atentado.
Es mejor que esto se comente para evitar cualquier desgracia, sobre todo porque muchos implicados en este caso siguen en el Poder Judicial y en la administración de justicia. 
Conste.
 
¿Y los juzgados penales, apá?
Usted debe de recordarlo. En el mes de agosto de 2009 los nueve juzgados penales que se ubican frente al Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel fueron desalojados ante el peligro inminente de que se vinieran abajo por el sobrepeso de miles y miles de expedientes y por el daño del paso de los años en toda la estructura, además de un hundimiento por una falla geológica. 
Javier García Ramírez, en ese entonces secretario de Obra Pública, y Gerardo Pérez Salazar, secretario de Finanzas, anunciaron la rehabilitación del inmueble, para lo que urgieron al otrora Consejo Estatal de Seguridad de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública que se firmara contrato con la empresa constructora AISA SA de CV, a quienes les adelantaron unos 20 millones de pesitos. 
La obra de remodelación tendría un costo total de 209.5 millones de pesos, pero resulta que la empresa se hizo “pato” y no hubo nada de remodelación y la administración gubernamental cambió.
Para esta nueva administración el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo ahora de Juan de la Cerda Hermida, presumió que iban a “poner en su lugar” a la empresa AISA y, de entrada, rescindió el contrato, sólo que la constructora les salió más canija y movilizó a sus abogados para que se metieran a un litigio que en la actualidad mantiene las instalaciones de los juzgados en pleno abandono.
La causa de este abandono es la negligencia de quienes forman el Jurídico de este Sistema Nacional de Seguridad Pública, estos abogados que se encuentran en las listas de los que cobran más de lo legal no pueden ganar un sólo encuentro legal a la empresa AISA y esta negligencia la han cubierto con la “cortina de humo” acostumbrada: el cierre total de la información.
Lo invito a visitar el pueblo “fantasma” en el que se han convertido los Juzgados Penales, donde el olor a humedad, la basura y excremento dan cuenta de unas instalaciones que poco importan para la administración de justicia.
Juan de la Cerda Hermida tiene mucho que explicar. 
 
Otorgan libertad bajo caución a Leonardo Tiro Moranchel
Leonardo Tiro Moranchel, propietario de la empresa Grupo Sitma, envió un mail donde informa que:
“Las autoridades federales han determinado LA INEXISTENCIA DEL FRAUDE ESPECIFICO por sentencia de amparo 1796/2010 del juzgado 10° de Distrito y LA INEXISTENCIA DEL FRAUDE GENERICO por sentencia de amparo 530/2013 del juzgado 7° de Distrito. (Publicado en la página de la Suprema Corte de Justicia).
”Como respuesta la autoridad federal ME HA CONCEDIDO EL BENEFICIO DE LIBERTAD BAJO CAUCIÓN por determinación del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del 6° Circuito, en el recurso de queja Q-98/2013 (Publicado en la página de la Suprema Corte de Justicia) actualmente en espera del beneficio en la totalidad de los procesos y averiguaciones previas.
”Me he enterado que estas resoluciones han causado descontento social, y los afectados tienen miedo de que no cumpla mis compromisos, ya que por la vía penal quedó demostrada la inexistencia del delito y por la vía civil se considera que ya han prescrito los contratos.
”Confirmo nuevamente que lo que se me motiva personalmente es seguir trabajando y cumplir a mis clientes, sin importar si me denunciaron ó no, si ganaron o perdieron, pues estoy consciente de que el temor de los afectados de perder su patrimonio los llevó a querellarse por la vía legal inadecuada, obligando a las autoridades a asegurar los inmuebles y giraron orden de aprehensión con el fin de que se llegara a un acuerdo, pero dicho convenio se prolongó en el tiempo por la desconfianza infundada por personas que se beneficiaron del problema”.
La carta proviene del Cereso de Mediana Seguridad de Tepexi de Rodríguez.
Nos vemos cuando nos veamos.