Es cuestión de días, autoridades judiciales deberán de dar un fallo a un litigio penal que está a punto de cumplir seis años, litigio que puso en evidencia la confabulación de la justicia poblana para encubrir un secuestro y un homicidio, planeado y ejecutado desde oficinas del antiguo edificio de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), lo que motivó la renuncia de una procuradora de justicia, a quien para seguirla protegiendo le permitieron seguir las filas del gobierno poblano asignándole un puesto dentro del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Se trata del crimen del empresario Ricardo Ramírez Rodríguez, además del secuestro del empresario Antonio Ramírez Rodríguez, ocurrido la tarde del jueves 31 de enero de 2008 y perpetrado por José Díaz Salinas, Edgar Rolando Contreras Chang y José Carlos López Quiterio, quienes fueron sentenciados —los dos primeros— a 36 años de prisión y el tercero a 41 años, y quienes, además de formar parte de la desaparecida Policía Judicial del Estado (PJE), formaron parte del “circulo cerrado” de quien durante tres años fuera procuradora general de Justicia y que actualmente labora como juez de primera instancia.
Los tres exagentes desde los primeros días de marzo de 2008 fueron ingresados al Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, quedaron a disposición del Juzgado Primero de lo Penal y tras un largo y engorroso litigio plagado de inconsistencias e irregularidades para favorecer a los homicidas, finalmente los hallaron culpables de los delitos de homicidio calificado, además de secuestro. y otros les dictaron sentencias que, pese a que se ven rigurosas, tuvieron la ayuda suficiente para que pudieran ante autoridades federales impugnarlas porque en realidad los años de cárcel a los que les fueron determinados debieron haber sido dobles porque se trataba de servidores públicos.
Actualmente las sentencias de estos tres exagentes son analizadas en las últimas instancias legales; los sentenciados aducen que perdieron el caso por la cobertura completa de diversos medios de comunicación, lo que —según ellos— sirvió de presión para quienes administran justicia.
¿Que le dirían estos tres exagentes consignados a los hijos del empresario Ricardo Ramírez Rodríguez, torturado hasta morir en los separos de la Policía Judicial del Estado?
¿Qué fue la “presión” mediática la que mató a su padre?
 
Exonera la CDH al presidente de Palmar de Bravo
Antes de que concluya la administración municipal de Julio Eduardo Morales Genes como presidente municipal de Palmar de Bravo, administración que sufrió un fuerte tropiezo tras los hechos ocurridos el pasado 31 de agosto pasado; lo que motivó la persecución de la Procuraduría General de Justicia, a través del coordinador de agentes del Ministerio Público de Tehuacán René Macip, a grado tal que no sólo su casa fue banco de un cateo, sino que de todo lo que les aseguraron nada han podido o querido regresar. Resulta que la Comisión de los Derechos Humanos (CDH) envió una recomendación al edil donde sólo le llama la atención pero no solicita en su contra ni una investigación administrativa o una acción penal.
Julio Eduardo Morales fue acusado de haber encubierto a su hijo, luego de que éste fuera acusado de disparar contra uno de sus empleados, al que privó de la vida, lo que motivó que su casa fuera registrada en su totalidad, que le robaran parte de sus labores, que la PGJ detuviera a siete elementos de la Policía Municipal de Palmar de Bravo a quienes consignaron bajo el cargo de haber recibido la orden de su presidente de haber dejado escapar a su hijo.
Resulta que a casi cinco meses de lo ocurrido en el Juzgado de Primera Instancia de Tepexi de Rodríguez, tres elementos de la municipal fueron exonerados y puestos en libertad y la CDH emitió la recomendación 28/2013 del expediente 12051/2013, que fue presentada en contra del presidente, donde determinó sólo una amonestación; en otras palabras, fue exonerado.
“Exhorte al presidente municipal de Palmar de Bravo, Puebla, para que sujete su actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanen y en el desempeño de su función pública se sirva abstenerse y de incurrir en actos u omisiones que afecten los derechos humanos de las personas”. Sólo eso.
Ahora viene la vuelta; los otros cuatro policías sujetos a proceso van a solicitar también su libertad, mientras que los tres libres van a demandar civilmente a la PGJ, además de que van a solicitar el castigo para quien integró mal las investigaciones.
Mientras, la familia del presidente municipal va a exigir que se entregue todo lo que fue asegurado en al cateo a su propiedad, entre esto dinero y joyas que se encuentran “desaparecidas”.
Nos vemos cuando nos veamos.