El pasado viernes seguí con atención —vía internet— la sesión del Congreso del estado, particularmente cuando se tocaron dos temas: la modificación de las tarifas del agua potable y el de la incorporación del Hospital del Niño Poblano a la Secretaría de Salud.
Y no tuvo que pasar ni una semana para que las acciones del gobierno del estado contradijeran a los diputados que decidieron votar en favor de este atentado contra una de las instituciones de salud más respetadas de Puebla.
De entrada, el iluso diputado del Partido Verde Juan Carlos Natale subió a tribuna para decir que su voto iba a ser en favor de la iniciativa, toda vez que le habían explicado que era para mejorar las condiciones de este hospital y que serían respetados los derechos laborales de toda esta gente.
Por su parte, Franco Rodríguez Álvarez subió para puntualizar que el HNP no iba a desaparecer y que, por lo tanto, estaban salvaguardadas las garantías de esta institución, al igual que los derechos de su gente.
En contraposición, el priista Pablo Fernández del Campo subió a tribuna y explicó el tamaño de la atrocidad, anticipándose unas horas a lo que ya sucedió.
El día de ayer comenzaron los despidos en el HNP pese a toda la palabrería de los diputados Natale y Rodríguez, quienes sirvieron de comparsa para asestar el golpe mortal al Hospital del Niño Poblano.
QPM.
El gobierno de la doble moral
En las dos últimas semanas mucho se ha hablado de las ligas de la empresa Oceanografía con la administración morenovallista.
Los únicos medios que mantienen una postura crítica, como Cambio, Status, Central y, por supuesto, Intolerancia han dado seguimiento a estas ligas, mismas que fueron amplificadas a nivel nacional por el agudo periodista Raymundo Riva Palacio.
Tras las revelaciones de Riva Palacio, el titular de la columna “Al Portador”, Alejandro Mondragón, ha dado un puntual seguimiento de diversos personajes vinculados tanto con las filiales de Oceanografía como con el gobierno estatal.
De esta forma, con la cloaca que se abrió con el otorgamiento de la concesión de la autopista Audi para la empresa OSA, filial de Oceanografía, Mondragón ha colocado nuevamente el dedo en la llaga, al poner al descubierto los créditos a los maestros con una tasa de interés leonina a través de Oliver Fernández, quien es uno de los empresarios de mayor cercanía a Elba Esther Gordillo, y quien logró colocar cientos de millones de pesos en todo el país y particularmente en Puebla, en donde se despachó con la cuchara grande.
De estos abusos derivó la operación del gobierno del presidente Peña Nieto, a través de Bansefi, para liberar a miles de maestros que a través de estas casas usureras —disfrazadas de financieras— están atados pagando quincena tras quincena la mayor parte de su sueldo.
Y aquí viene la ironía.
Mientras el gobierno del estado presume el otorgamiento de créditos a la palabra a las mujeres, de mil pesotes con una taza preferencial; por otro lado, permitió que los maestros se endeudaran con empresas usureras por miles de pesos.
Es la doble moral de un gobierno que antepone sus compromisos e intereses políticos y financieros por encima de quienes les otorgaron ciegamente su voto.
Y lo subrayo: ciegamente.
