Esta semana recibimos una carta aclaratoria del ISSSTEP, luego de que revelamos que en los primeros dos años de la actual administración gubernamental se habían dado de baja a más de 10 mil derechohabientes.
Lograr esta cifra fue armarse de paciencia, para que finalmente, tras 10 meses, el instituto entregara la información sólo tras una orden de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP).
Pero sólo entregó números, sin ninguna otra explicación.
Ahora, luego de la nota publicada, la enlace de comunicación del organismo, Isabel Specia, emitió una carta “aclarando” puntos que muy bien pudieron haberse explicado desde la respuesta.
Pero fue tanta la opacidad de la unidad de administración, que puso obstáculos para la entrega, que hasta mezclaron las cifras de altas y bajas.
Otro obstáculo —y el más frecuente utilizado por las unidades administrativas de acceso a la información—, fue el cambio de modalidad de entrega poniendo a disposición la información, o sea que uno tiene que acudir físicamente a sus oficinas a recogerla.
Pero esta estrategia también tiene la intención de no entregar documentos, sino simplemente ponerlos a la vista, sin poder tomar fotografías o copias, sólo se pueden tomar datos a mano.
Fue tanta la insistencia en esta estrategia, que hasta cuando ya había ordenado la CAIP la entrega de la información, nuevamente la querían dar en consulta directa. Finalmente, desistieron tras una advertencia del organismo garante de la transparencia en Puebla.
Algo así como el spot del IFAI, donde “Godínez” insiste a su jefe en entregar la información y éste le contesta: “No se tienen que estar metiendo”.
En la carta aclaratoria afirman que no hubo bajas de forma masiva, sino que las bajas pueden ser el resultado de renuncias voluntarias, vencimiento de contrato, licencias sin goce de sueldo, pensiones y defunciones de trabajadores.
Y es que se reveló que en el primer año de la actual administración estatal 4 mil 225 personas fueron dadas de baja de sus prestaciones y servicios sociales.
Para el segundo año, la cifra creció a 4 mil 761 personas que se quedaron sin prestaciones, un promedio de 396 personas al mes o hasta 13 diarias tan sólo en 2012.
Y hasta el mes de abril de 2013, mil 594 derechohabientes fueron dadas de baja.
Qué bueno que no fueron masivas, imagínese cómo estarían los números si lo fueran.
Asimismo, mencionan que la cobertura del régimen de seguridad social que brindan se mantiene con todas y cada una de las prestaciones. Claro, ahí no dicen que a excepción de los ahora exderechohabientes. Obvio.
Además, aclaran que el ISSSTEP no desaparece, luego de que en la nota se mencionó que toda esta situación se presenta entre rumores de desaparición, ya que aseguran que se concretaron los cambios correctos que le dieron estabilidad a su régimen financiero.
Confiaremos en su palabra.
El penúltimo párrafo de la carta aclaratoria es una muestra de su “transparencia”, ya que señalan que se “omitió” señalar que durante el periodo de febrero de 2011 a abril de 2013 se autorizaron mil 951 solicitudes de pensiones.
Lo cierto es que cómo se va a omitir algo que no se informó. Ese dato jamás fue proporcionado en su respuesta, sino solamente se entregó —como fue solicitado— las solicitudes pendientes que eran hasta abril de 2013, un total de mil 154.
Pero concluyen con una joya del discurso muy alejado de la práctica:
“(…) este organismo se encuentra comprometido permanentemente en garantizar el acceso a la información pública, (…) en todo momento se ha dado cumplimiento a las disposiciones, asegurando que los solicitantes reciban la información requerida (…), coadyuvando con la Comisión de Acceso a la Información Pública (…) acatando y cumpliendo sus acuerdos y resoluciones”:
Aquí la cuestión es ¿para qué esperaron 10 meses en entregar la información? ¿Tenía que haber una orden de la CAIP para entregarla? ¿Por qué si son tan transparentes, no dieron detalles de las bajas en su respuesta y esperaron a la publicación de las cifras?
La pregunta final: ¿Por qué mezclaron las cifras de altas y bajas?, entorpeciendo la entrega y retrasando todo el proceso por al menos seis meses más.
No cabe duda que en el ISSSTEP les falta mucho por hacer en transparencia, si no pregúntenle a Arturo Iván Suárez Villa, encargado de su unidad administrativa de acceso a la información.