El “bomberazo” legislativo con la modificación de la Ley de Transporte, aprobado en fast track en 2012, sólo sirvió para apagar el fuego mediático de la línea 1 del sistema RUTA.
Sin embargo, el fondo está más allá de la normatividad que regule a partir de su publicación en el Diario Oficial del llamado sistema de Red Urbana de Transporte Articulado. El verdadero problema lo representa la corrupción de la nueva “mafia” del transporte que vio en el sistema RUTA una alternativa para mantener sus tropelías.
De nada sirvió la destitución de Carlos Zurita como subsecretario del Transporte, porque la red que tejió siguió manejado las concesiones del sistema RUTA y el resultado está a la vista.
Juan Cervantes, representante de más de 152 concesionarios, destapó “la cloaca” de la línea 1 de sistema RUTA. Documentos de por medio, exhibió la corrupción que impera en el grupo de Miguel Ángel Aceves, quien funge como presidente del consejo de administración del Sistema Articulados de Puebla.
Nóminas “infladas”, recibos de pago sin sustento, concesionarios falsos y nepotismo son la constante. La corrupción alcanza a la Subsecretaría del Transporte, desde los tiempos de Carlos Zurita. “Lo que falló fue la dirección, las personas que pusieron en el consejo, quienes fueron puestos por el exsubsecretario Carlos Zurita”.
Lo más fácil para el morenovallismo es invertir dinero del erario para restar a RUTA y continuar con la línea 2. Pero hasta el momento se desconoce cómo se combatirá la corrupción existente y cuándo sancionarán a los responsables del desfalco.
Entre los documentos que se mostraron a Intolerancia Diario se encuentran unos recibos —de 6 mil pesos cada uno— firmados por José Jesús Gómez Robles, José Enrique Germán Huanetl Elías, Benjamín González Loyola y Miguel Ángel Aceves Mendoza.
Dicha cantidad se pagaba mensualmente a accionistas del RUTA, sin embargo, en estos casos las personas señaladas ni siquiera formaban parte de los concesionarios de los derroteros señalados en los recibos.
Un ejemplo de la corrupción que presenta el reportero de Intolerancia Diario Jorge Castillo es el recibo con el logotipo de SAPI, firmado por Miguel Ángel Aceves, del mes de septiembre de 2013, en el que se señala la entrega de 6 mil pesos por ser accionista de la ruta Tlaxcalancingo.
Sin embargo, al revisarse la lista de accionistas de la conformación de la empresa firmada ante notario público sólo hay 10 accionistas, donde no se encuentra el presidente del SAPI, Miguel Ángel Aceves.
El mismo caso se percibe con los demás personajes, quienes conforman el comité directivo señalado, pero además cobran en la nómina del organismo que supuestamente administraba las finanzas.
Ahí las denuncias documentadas del grupo de concesionarios que busca mantener conservar su estatus y también están las acusaciones de Miguel Ángel Aceves, presidente del consejo de administración del Sistema Articulados de Puebla.
¿Por qué ninguna autoridad toma cartas sobre el asunto?
¿Por qué los diputados locales guardan silencio?