En los últimos tres años el gobierno morenovallista no ha podido erradicar a los mototaxistas. Las estrategias han sido innumerables, pero los resultados los mismos.
En plena desesperación, el gobierno estatal recrudeció los retiros con la fuerza pública, radicalizando a los propietarios, tal como sucedió el pasado lunes con el cierre de la autopista México-Puebla.
Fue el jueves 16 de junio de 2011 cuando los diputados morenovallistas avalaron la desaparición del servicio de mototaxis, “por considerar que se trata de un transporte fuera de la legalidad”.
En esa ocasión, aunque los diputados del PRI quisieron moderar su postura en tribuna, lo cierto es que en los hechos los diputados priistas —a excepción de la legisladora Zenorina González— dejaron solos a los mototaxistas, a pesar de que en la pasada administración gubernamental —emanada de dicho partido— se alentó esta clase de transporte alternativo.
De manera valiente, contraria a la mayoría priista y panista, la diputada Zenorina González votó en contra de la desaparición de los mototaxistas; lo mismo que el diputado del PT Zeferino Martínez y José Juan Espinosa Torres, de Convergencia.
Desde 2008 empezaron a funcionan los mototaxis. Hace tres años existían en el estado 4 mil 300 unidades que sirven de enlace entre las comunidades y los sitios de transporte. La medida dejó sin trabajo a 8 mil 600 personas.
Después del 31 de diciembre de 2011 —primer plazo del gobierno estatal para retirar todos los mototaxis—, aún circulan cerca de 400 en los municipios de Acatzingo, Coronango, Cuautlancingo, Huejotzingo, Juan C. Bonilla y Soltepec.
La protesta y manifestación callejera fue la única opción de los mototaxistas para defender, según ellos, su patrimonio. Y esa lucha lleva tres años, porque justo cuando los diputados autorizaban su desaparición frente al Congreso, cientos de mototaxis se encontraban estacionados en plantón sobre la 5 Poniente.
Ese día —jueves 16 de junio de 2011— desde temprana hora los mototaxistas marcharon desde el bulevar Forjadores hasta el centro de la ciudad.
Con pancartas, gritos y consignas los mototaxistas exigían que no se suspendiera ese servicio de transporte que se ocupa en las zonas rurales.
Los inconformes expresaron una sola exigencia: que no se clausurara el servicio de mototaxis dejando a miles de familias sin trabajo.
El ambiente en las inmediaciones del Congreso fue tenso. En el patio de inmueble elementos de corporaciones policiacas se acuartelaron para intervenir. Pero no fue necesaria su participación.
Ante la polarización de ambas partes, los legisladores locales deberían revisar el caso, porque en comunidades de difícil acceso este transporte motorizado es la única alternativa de trasladarse de un punto u otro. 
En un conflicto que lleva tres años debe imperar el diálogo sobre la fuerza pública y buscar alternativas para personas que en los mototaxis tienen una fuente de ingreso.