Con la salida de Blanca Lilia Ibarra Cadena y la llegada de Alexandra Herrera Corona se puede vaticinar la llegada de “tiempos oscuros” en la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), al apagarse su único candil entre las tinieblas.
Aunque se le puede dar el beneficio de la duda a la nueva comisionada, su cargo anterior en el gobierno estatal como directora del Registro Civil da mucho de qué hablar, aunque ella estaba como comisionada suplente desde hace casi seis años.
Lo cierto es que los reflectores estarán sobre ella en sus próximas resoluciones, las que por lo menos se espera estén apegadas a derecho y no empiece a hacer una labor sucia, sobre todo como la que ha emprendido Federico González Magaña, lo que ha derivado en derrotas en tribunales federales por medio de juicios de amparo.
Ahora a Blanca Lilia Ibarra le ha regresado la tranquilidad que había perdido desde hace más de dos años, cuando inició una excelente labor en favor de la transparencia, la que iba a tener como premio la llegada al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).
Sin embargo, aunque no era lo que pretendía, fue nombrada directora del Centro de Documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde sabemos que tendrá excelentes trabajos.
Para muchos, la figura de Blanca Lilia creció en el mundo de la transparencia y se dio a conocer a nivel nacional, sobre todo en estos casi tres últimos años, cuando combatió la opacidad gubernamental.
Pero en realidad su trabajo fue desde su primer año de mi gestión, donde inclusive se esforzó por realizar el programa de televisión Sociedad transparente, además de asumir la Coordinación de Comunicación de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (Comaip).
Durante toda su gestión logró ser garantista y sacar proyectos concretos.
Es decir, no fue a partir de la llegada del gobernador Moreno Valle cuando su batalla por la transparencia empezó.
Y es que el trabajo de comisionada lo enfocó en resolver en apego a la ley sin distingos de ninguna especie, lo que demostró en cada una de sus resoluciones, cayera quien cayera.
Este trabajo simplemente fue una fuerte acción de promoción y socialización del derecho.
En concreto Blanca Lilia Ibarra entró muy fuerte y mantuvo ese ritmo los cinco años y medio.
No hubo un antes y un después, si se revisa cada una de sus resoluciones, casi siempre a favor del derecho a la información del ciudadano.
Por eso se hizo fama en todo México en materia de transparencia.
Todo esto indica que finalmente su postura no fue ser contrapeso sino de respeto a la autonomía del órgano de transparencia y todo en apego a la ley. No hubo manchas en este historial.
Ojalá en verdad su camino por la transparencia no termine con la mala experiencia de no haber entrado al IFAI por cuestiones meramente políticas.
Mientras tanto, Alexandra Herrera tiene unos zapatos muy grandes que llenar; claro, si llega a realmente trabajar en la legalidad, por lo que, en caso contrario, tiene un trabajo sencillo que hacer si prefiere seguir el camino de la opacidad.
La supercomisionada
Por cierto, la llegada de Patricia Kurezyn Villalobos, esposa del exgobernador Mariano Piña Olaya, no podía ser menos que cuestionada, sobre todo porque es especialista laborista y no de transparencia, cómo debió ser.
Pero eso es una nimiedad si la comparamos con un tema de opacidad que vivió hace varios años cuando su marido Piña Olaya vendió en 250 mil pesos actuales, “Los Lavaderos2 de Almoloya, considerado patrimonio histórico; lo vendió a su esposa Patricia.
Pero cuando llegó Manuel Bartlett al cargo y enmendó la corrupción al quitárselos, ella no se fue con las manos vacías.
Fue el 19 de junio de 1996 cuando el gobierno estatal indemnizó con 325 mil pesos, ante la expropiación aprobada por el Cabildo poblano para realizar el proyecto Paseo de San Francisco.
El cheque del banco Inverlat fue entregado a Kurezyn Villalobos por la afectación del decreto.
Y fue nada menos que el entonces alcalde de Puebla, Mario Marín Torres, el conducto que informó a Piña Olaya sobre la expropiación que se haría a la casona histórica, propiedad de Kurezyn Villalobos, expresidenta estatal del Sistema Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
“Los Lavaderos de Almoloya” datan de 1780. Hugo Leicht, en su libro intitulado Las calles de Puebla.
De ese calibre es la nueva comisionada del IFAI, quien le quitó el lugar por cuestiones políticas a Blanca Lilia Ibarra.
¿Transparentara esa situación aunque crea que ya se ha olvidado con el paso de los años?
Claro que no.
