Un juez federal exhibió por segunda ocasión el estilo que la CAIP morenovallista tiene para transparentar la información pública.
Una vez más la justifica federal le ordenó a los comisionados entregar la información solicitada, tal como lo marcan los ordenamientos en la materia.
Sin embargo, fieles al protocolo para dar “largas” a la transparencia recurrieron al alegato y a retrasar al máximo la entrega de la información solicitada.
Al solicitar el recurso de revisión —tras perder un amparo ante un juez federal por sobreseer un asunto—, la CAIP sólo busca esconder la información y darla a conocer cuando no tenga otra opción.
Fue la tercera vez en que este organismo perdió un juicio de amparo ante un juez federal, el que le ordenó revisar recursos contra dos dependencias estatales, las que desechó supuestamente por no interponerse a tiempo.
En esta ocasión el recurrente fue el periodista Ernesto Aroche Aguilar, quien interpuso el juicio de amparo ante la justicia federal, al no recibir información de gastos de las dependencias Puebla Comunicaciones y la Secretaría de Finanzas.
Los otros dos juicios de amparo que había perdido el órgano garante de la transparencia en Puebla fueron ganados por Intolerancia Diario, aunque uno de ellos aún está por resolverse luego de que la CAIP prefirió interponer un recurso de revisión a ordenar la entrega de la información.
Los tres juicios que hasta ahora ha perdido la institución fueron por el sobreseimiento de recursos de revisión por cuestiones de tiempo.
En las tres ocasiones, el comisionado Federico González Magaña sobreseyó en suma al menos 21 solicitudes de información, por ser interpuestas “fuera de tiempo” y apoyado por el presidente del organismo, Javier Fregoso Sánchez con su voto.
En todos los casos los recursos de revisión fueron interpuestos antes de los 15 días hábiles que marca la Ley de Transparencia para recoger la información puesta a disposición, o in situ, lo que implica acudir personalmente a las oficinas de gobierno por ella.
Pero las entidades gubernamentales cambiaron la modalidad de entrega sin justificación, lo que no entró a debate en la CAIP, al sobreseerse los asuntos con “mayoriteo” de ambos comisionados contra el voto de Blanca Lilia Ibarra.
El alegato de González Magaña en todos los casos es que los recursos de revisión fueron interpuestos de manera extemporánea al ser presentados antes de los 15 días que contempla la ley para revisar la información puesta in situ o a disposición.
Ahora tres autoridades federales distintas, un tribunal colegiado y los jueces sexto y décimo de distrito coincidieron en sus sentencias de que se violentó el derecho a la información.
De esta forma, la CAIP siempre recurre a los recovecos legales para proteger y resguardar la información pública en la total opacidad.