En tiempo de campaña Rafael Moreno Valle varias veces comentó el tema de Lidia Cacho y de cómo la Procuraduría General de Justicia (PGJ) había manejado “a su antojo” las investigaciones, y se ufanó en prometer que si era elegido gobernador el que fuera procurador sería totalmente distinto, un procurador que no permitiera que “nadie estuviera por encima de la ley”.
Víctor Antonio Carranca Bourget tuvo como primer empleo —en el quehacer político— el de subprocurador C en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el primer gobierno de oposición de la capital del país.
Entre sus manos pasaron casos que nunca terminaron de ser aclarados, como el del comentarista Francisco Stanley, el asesinato de la defensora de los Derechos Humanos Digna Ochoa, además de que se le fueron de las manos las investigaciones contra el priista Óscar Espinoza Villareal, quien fue regente del Distrito Federal y, tras cuatro años de tropiezos, sin pena de ni gloria salió del servicio público.
¿Cuáles cartas de recomendación?
¿O habrán sido sus recomendaciones que haya defendido a cuatro escoltas del exsubprocurador de Narcóticos de la PGR, Javier Coello Trejo, acusados de siete casos de violación?
¿O del “Señor de las ligas”, René Bejarano?
El caso es que el señor procurador volvió a sacar las uñas para defender, ya sea el puesto o a su jefe que le dio “la chamba”.
Primero no ordenó, como debería de ser, que la Dirección General para la Atención de los Delitos Relacionados con Servidores Públicos se hiciera cargo de las investigaciones del caso donde murió el menor de 13 años de edad José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, cuando existe un señalamiento directo de que policías estatales pudieron haber herido al estudiante con un disparo de bala de goma, tras dispersar a vecinos de San Bernardino Chalchuihualpan el pasado 9 de julio, en la autopista Puebla-Atlixco.
Luego retrasó deliberadamente la entrega del cuerpo del menor a sus familiares. Además de que todas las irregularidades que se han presentado en las investigaciones del caso donde, pese a que se ha denunciado abuso de autoridad, uso excesivo de la fuerza policíaca, solo los vecinos de San Bernardino han sido castigados con “la mano de la justicia”.
Ése era el procurador que prometió el ahora señor gobernador.
Don Facundo se lavó las manos
El único que estaba enterado del estado de salud del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo la tarde del viernes era, en forma real, el gobierno de Puebla.
Por esto mismo, la mañana del sábado, antes de que falleciera el menor, el secretario de Seguridad Pública del estado, Facundo Rosas Rosas, se presentó ante reporteros para leer un oficio que él mismo había solicitado, donde la 25 Zona Militar lo exoneraba de la compra de armamento para maniobrar y disparar balas de goma.
Con este reporte, don Facundo pensó que se había deshecho del “problemita” y, tranquilo, regresó a sus oficinas.
Se le olvida que fueron sus policías, con balas de goma o lo que se le ocurra, quienes dispararon contra la población y mataron a un menor de 13 años de edad.
Cometieron un crimen.
El secretario, de oficio ingeniero, piensa que con su oficio y las buenas relaciones con su jefe, que se están convirtiendo en complicidades, va a borrar de la historia el crimen contra un niño.
El repudio de la sociedad va a ir de aumento cada día.
Sus mismos colaboradores, como el secretario de Seguridad Pública Municipal de Puebla, le ponen la muestra de cómo se trabaja.
Por cierto, corre como rumor que al menor le pudieron haber disparado desde el helicóptero, la trayectoria del proyectil que le pegó es de arriba hacia abajo.
Urgen aclaraciones.
Urge justicia en Puebla.
Nos vemos cuando nos veamos
