Nada logra frenar la crisis de legitimidad del morenovallismo.
Ni las campañas mediáticas a nivel nacional y redes sociales funcionan. La condena en contra del gobierno estatal es generalizada.
Lejos de salir del hoyo mediático y social en el que cayeron, los funcionarios estatales siguen cometiendo pifias que confirman su grado de culpabilidad.
Así sucedió con el secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde no supo o no pudo defender la teoría morenovallista del caso Chalchihuapan.
Hoy, justo a un mes de la brutal represión, comparecerá el procurador Víctor Carrancá ante la CNDH. Tendrá que esforzarse para defender su teoría de las ondas expansivas y de un grupo de infiltrados para generar violencia.
Hasta ahora el morenovallismo ha dado muestras de incapacidad para frenar de tajo el conflicto.
Si en Puebla nadie esta por encima de la ley. 
Las primeras acciones del gobierno, después de la torpe y violenta represión policiaca, tuvieron que ir en el sentido de sancionar a los policías y a sus jefes, que comandaron el operativo.
Ahora con los investigaciones de la CNDH, las cabezas de los funcionarios estatales, encargados de los cuerpos de seguridad pública del estado, penden de un hilo; por más que le gobierno se aferre en mantenerlos, tendrá que haber una sanción, porque no supieron privilegiar el diálogo y disuasión.
Tal como se discutió ayer en la ciudad de México, durante el ciclo de conferencia “Sin Protesta no Hay Democracia”. Donde el caso de Puebla sirve de ejemplo de gobiernos represores. Activistas internacionales condenan el uso de la violencia para disuadir manifestaciones.
En la primera mesa de discusión, moderada por el comunicador Javier Solorzano, los especialistas coincidieron en señalar que los gobiernos primero deben de solucionar las causas de las protestas, antes de reprimirlas.
Darío Ramírez, director en México de Article 19, señaló que en nuestro país no se cuentan con las herramientas necesarias para atender la condición de derechos humanos.
Indicó que el Poder Judicial, medios y opinión pública construida con el discurso del gobierno han llevado a la restricción, estigmatización, persecución y criminalización de las protestas.
Y ejemplificó el caso de Puebla, de la represión en la manifestación de Chalchihuapan, por la tensión que sufrió la madre de José Luis Tehuatlie de parte de las autoridades estatales, que quisieron aplicar el derecho penal contra ella por estar en la protesta.
“La protesta social es un ejemplo o resultado de la ineficacia del estado, la que radica por lo que se protesta si no están siendo satisfechos ciertos derechos (…) la protesta en México tienen que digamos, una doble dimensión”.
Señaló que en lugar de resolver las situaciones que general las protestas, lo que hace el Estado es utilizar la fuerza bruta, dando nuevamente de ejemplo el caso de Puebla, donde utilizó proyectiles contra piedras.
Puebla sigue en pañales en este rubro.
Y lejos de trabajar en superar estas carencias, el morenovallismo se empeña en fabricar delitos en contra los ciudadanos que hacen uso de su derecho constitucional de manifestarse.