La angustia que se vive entre los miembros de la burbuja morenovallista parece crecer.
Operadores mediáticos como el director de Comunicación Social del gobierno del estado y el propio Marcelo Almaguer buscan controlar los efectos de lo que provocará la resolución de la CNDH el próximo jueves.
Todo indica que entre las muchas medidas desesperadas el gobierno estatal ha contratado a encuestadoras nacionales para limpiar la cara de un gobernador, que quedará manchado por la sangre del niño José Luis Tehuatlie Tamayo.
Para muestra les comparto lo que viví personalmente a través de una llamada en mi teléfono personal.
El día de ayer recibí una supuesta llamada de la encuestadora Covarrubias y Asociados, en la que me robaron 10 minutos de mi "valioso" tiempo para preguntarme sobre las exitosas acciones del gobernador Moreno Valle.
En una de las tantas preguntas buscaron mi respuesta sobre las "extraordinarias" obras del gobierno del estado.
Lean mi experiencia y créanme que no exagero.
La gentil encuestadora —palabras más, palabras menos— me cuestionó:
—¿Cómo calificaría usted la inversión que ha hecho el gobernador Rafael Moreno Valle en obras públicas, para modernizar al estado? Muy buena, buena o regular.
—¿Oiga señorita y no hay mala?
—Tomando en cuenta, señor, que estamos hablando de obras que benefician a la gente, esas son las opciones que le ofrecemos.
De la misma forma, me hicieron un sin fin de preguntas relacionadas con seguridad, servicios públicos, salud, educación y desarrollo social.
En el colmo del cinismo, hasta me preguntaron sobre mi opinión de las tabletas electrónicas que el gobernador obsequió a los estudiantes de Puebla.
Sin duda, todas las preguntas inducen las respuestas y buscan un respaldo social para el gobernador, justo en la semana en la que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitirá su resolutivo sobre las graves violaciones en contra de los pobladores de Chalchihuapan.
Es evidente que la preocupación del gobierno morenovallista los ha llevado a contratar a encuestadoras que puedan contrarrestar el linchamiento mediático que se le viene encima al Señor de las Balas.
 
Los mentirosos tienen nombre y apellido
De acuerdo con la información que han anticipado los periodistas Carlos Loret y Carmen Aristegui, todo indica que el resolutivo de la CNDH será en el sentido de que sí fueron los policías los que causaron la muerte del menor Tehuatlie Tamayo y que fue producto del impacto de un proyectil en forma de cilindro de gas el que impactó su cabeza.
Bala de goma o cilindro de gas, la realidad es que el proyectil que le quitó la vida al niño fue lanzado por un policía, lo cual inculpa de manera directa al gobierno estatal.
En ese sentido, los primeros responsables serán Facundo Rosas y Víctor Carrancá.
Facundo, como responsable directo de los policías, y Carrancá, por haber mentido ante los medios locales y nacionales con el cuento del cohetón y la ola expansiva.
Aplicando el sentido común, el gobernador no tendrá más remedio que poner de patitas en la calle a los dos funcionarios, además de iniciar una investigación por la posible comisión del delito de homicidio, en el caso de Facundo Rosas, y de encubrimiento, a Carrancá.
Pero el tema no termina ahí. La realidad es que tratándose de un asunto tan relevante, es evidente que el operativo de Chalchihuapan debió ser consultado al gobernador, lo cual inculpa también al gobernador, como presunto autor intelectual del asesinato.
Ese es el verdadero punto a discutir y el que la CNDH, a través de Raúl Plascencia, debió abordar, en lugar de buscar chivos expiatorios para exonerar a su amigo el gobernador.
Nadie se tragará el cuento de que los policías actuaron sin la orden directa del poderoso Señor de las Balas.