El Juzgado Primero de Distrito en Tlaxcala concedió en el juicio de amparo 707/20014 la suspensión definitiva en el proceso que se le sigue al luchador social Juan Carlos Flores Solís, por lo que a más tardar tendrá que ser puesto en libertad el próximo 17 de septiembre, para que el juez de Atlixco no incurra en desacato.
Luego de cinco meses se logró el falló a favor de Flores Solís, para que sea liberado, “con los que se demuestra su total inocencia”.
El luchador social fue detenido el 7 de abril pasado por una denuncia en el proceso penal 127/2012 en el Juzgado del distrito judicial de Cholula, por los delitos contra la infraestructura hidráulica, motín despojo y extorsión.
El juez otorgó el amparo indirecto 707/2014 luego de que se determinó que existen grandes violaciones al proceso y declara insubsistente el auto de formal prisión dictado el 14 de abril.
A este caso se suman a los cuatro detenidos por el caso de San Bernardino Chalchihuapan, el gobierno morenovallismo los incriminó por haber participado en la fatídica manifestación del pasado 9 de julio, los encarceló y después tuvo que libarlos por falta de pruebas.
Una muestra más: la persecución en contra de los integrantes de #YoSoy132 Puebla, como Néstor López Espinoza, Eduardo Salazar Velázquez e Iván Izasola Vázquez, quienes fueron apresados de manera violenta e incomunicados por la policía estatal debido a que le dieron like a una invitación en redes sociales para una movilización de protesta el viernes 3 de mayo del 2013. 
A los jóvenes de #YoSoy132 los acusaron de planear “actos de sabotaje” para el 5 de mayo. Pero los jóvenes ni siquiera eran convocantes de un acto pacífico de protesta convocado a realizarse en el zócalo de la ciudad de Puebla en esa fecha.
En lo que va del sexenio monorevallista, fabricar delitos en contra de los opositores ha sido una constante.
Ayer en un foro organizado por abogados y familiares de perseguidos políticos en Puebla, coincidieron en señalar que fabricar delitos a opositores y encarcelar a ciudadanos inocentes es el modus operandi de la persecución morenovallista.
Para hacer frente a la persecución política de la administración estatal en contra de opositores y ciudadanos, organizaciones sociales crearon un comité para la libertad de presos políticos y sociales.
El acto constitutivo del comité convocó a mujeres, estudiantes, activistas, abogados y campesinos que han sido perseguidos políticamente.
El común denominador de los testimonios fue un modus operandi de los aparatos de seguridad que “fabrican delitos” en contra de campesinos, estudiantes o activistas.
El abogado Raúl Rodríguez de la Fuente calificó el accionar de la justicia poblana como la utilización del Código Penal, que se ha vuelto un “catálogo de delitos” desde donde se detiene en primer término a los opositores y posteriormente se les fabrican delitos y penas inverosímiles.
Hay una distorsión de actos —ironizó el abogado—, todos nuestros defendidos tienen una debilidad por los funcionarios públicos. Hay una manía de nuestros defendidos en contra de los funcionarios públicos. Hay que ver un estudio. Tenemos “súper criminales” y entonces tiene que venir un poder superior como el de Moreno Valle a reprimir y a contener a estos supercriminales.