La resolución de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos revela y confirma que el caso Chalchihuapan fue contaminado y manipulado por toda la estructura del estado de Puebla, en donde participaron funcionarios del más alto rango, a través de las principales carteras del gobierno estatal, como la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia, a través de sus titulares.
Si la CNDH determinó que la versión oficial, externada, presentada ante los medios por Luis Maldonado y Víctor Carrancá resultó un montaje para exonerar al gobierno morenovallista de las graves violaciones a los derechos humanos de los pobladores de Chalchihuapan, incluido el asesinato del menor José Luis Tehuatlie, se debe considerar motivo suficiente para iniciar un procedimiento penal en contra de quienes falsearon la información oficial.
Hay que recordar que el gobierno de Rafael Moreno Valle emitió un comunicado, aceptando y reconociendo la investigación y las recomendaciones de la CNDH.
Sin embargo, el comunicado oficial se contrapone a las acciones del gobierno, toda vez que en lugar de tomar medidas inmediatas, anunció la creación de una fiscalía especial para asumir funciones de Ministerio Público y así "investigar" los hechos.
Vaya burla la del Señor de las Balas hacia la CNDH.
Dijeron que aceptaban y asumían la resolución del ombudsman Raúl Plascencia, pero deciden nombrar a un fiscal para que vuelva a investigar.
En el colmo del cinismo, el gobernador ordenó que al nuevo fiscal le tomara la protesta el procurador Víctor Carrancá, quien es uno de los personajes acusados por la CNDH.
Es decir que el fiscal especial para el Caso Chalchihuapan va a investigar al creador de la mentira de Estado, quien curiosamente será su jefe directo.
En el organigrama de la Procuraduría de Justicia los fiscales especiales son ministerios públicos cuyo superior directo es el titular de esa dependencia, que no es otro que Carrancá.
¿O acaso van a nombrar a un procurador especial para que el fiscal le rinda cuentas?
Evidentemente, la investigación estará viciada desde su origen, por la necedad del gobernador de no despedir a ninguno de los funcionarios señalados por la CNDH.
La permanencia de Facundo Rosas, Víctor Carrancá y Luis Maldonado en sus cargos es una clara afrenta a las recomendaciones de la comisión humanista, la cual dejó en claro las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por estos tres funcionarios.
A todas luces es evidente que existe un blindaje de la estructura del estado, para evitar que se sancione a los principales responsables de los hechos, en donde la figura del gobernador se convierte en el principal objetivo a defender.
No hay que olvidar que hasta ahora nadie le ha preguntado a Facundo Rosas si solicitó autorización para ordenar el desalojo o si fue una decisión personal.
Y tampoco se ha llamado al gobernador a rendir cuentas, pese a que la cadena de mando dice que un operativo de esta envergadura requiere del aval del ejecutivo.
Es evidente que las acciones del gobierno morenovallista en respuesta a las recomendaciones de la CNDH confirman que en Puebla no hay condiciones para garantizar un debido proceso ni existe una división entre los poderes del Estado, lo que podría generar que el caso Chalchihuapan tome un nuevo camino: el juicio político.
Tratadistas especializados en Derecho Constitucional describen la figura del juicio político como el procedimiento que se sigue cuando los servidores públicos, durante el ejercicio de sus funciones, incurren en actos u omisiones que redundan en perjuicio de los intereses públicos o de su buen despacho.
 
Causales del juicio político.
Son las violaciones graves a la Constitución, incluidos los derechos humanos (antes garantías individuales), así como el uso indebido de fondos o recursos federales, limitándose los interesados a esa clasificación constitucional, porque fuera de ella no se integraría el juicio político.
 
Denuncia ciudadana
En el capítulo 2 del título segundo, artículo 9 de la Constitución, se asienta que cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad, podrá formular por escrito denuncia contra un servidor público ante la Cámara de Diputados por las conductas a las que se refiere el artículo 7 y las que determina el párrafo segundo del artículo 5 de la referida ley, por lo que toca a los gobernadores de los estados, diputados a las Legislaturas locales y magistrados de los Tribunales de Justicia estatales.
 
Requisitos de la denuncia
La denuncia deberá estar apoyada en pruebas documentales o elementos probatorios suficientes para establecer la existencia de la infracción y estar en condiciones de presumir la responsabilidad del denunciado.
El juicio político sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después de concluir sus funciones.
En conclusión, los resultados de la investigación de la CNDH resultan suficientes para que se presente la denuncia de juicio político por las graves violaciones a los derechos humanos de los pobladores de Chalchihuapan y a la evidente intromisión del gobernador del estado, que impide que se garanticen los derechos de los ciudadanos, contemplados en nuestra Carta Magna.
Por lo pronto, las pruebas que aportó la CNDH, independientemente de la absurda creación de la fiscalía especial por parte del gobierno del estado, es un elemento más que suficiente para iniciar un juicio político en contra de Rafael Moreno Valle.
Ni más ni menos.