El morenovallismo trata a toda costa de burlar las 11 recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el caso Chalchiahuapan.
La excesiva lentitud con la que el gobierno estatal ha encarado el dictamen de la CNDH busca ganar tiempo para que las cosas se olviden y las recomendaciones no se ejecuten.
Desagraciadamente para el morenovallismo, el activismo social desatado por sus acciones represivas y autoritarias está pendiente del caso.
Y por cada día que transcurre sin dar puntual seguimiento a las recomendaciones, el morenovallismo da armas y argumentos sólidos y concretos para mantener vivo el conflicto.
Cada día que pasa los activistas sociales tienen más elementos para llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Además, tienen argumentos para presentar por la vía legal una denuncia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que ya fue probado que fue la policía estatal, a cargo del Señor de los Cerros, quién mató al niño de 13 años de edad en San Bernardino Chalchihuapan.
La lentitud morenovallista facilita la integración de demanda de juicio político contra el gobernador Rafael Moreno Valle, toda vez que la permanencia de Facundo Rosas, Víctor Carrancá y Luis Maldonado en sus cargos es una clara afrenta a las recomendaciones de la CNDH, comisión que dejó en claro las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por estos tres funcionarios. La lentitud morenovallista demuestra a todas luces que existe un blindaje de la estructura del Estado, para evitar que se sancione a los principales responsables de los hechos, en donde la figura del gobernador se convierte en el principal objetivo a defender.
No hay que olvidar, tal como lo escribí en entregas pasadas, 
Que hasta ahora nadie le ha preguntado a Facundo Rosas si solicitó autorización para ordenar el desalojo o si fue una decisión personal.
Y tampoco se ha llamado al gobernador a rendir cuentas, pese a que la cadena de mando dice que un operativo de esta envergadura requiere del aval del ejecutivo.
Es evidente que las acciones del gobierno morenovallista en respuesta a las recomendaciones de la CNDH confirman que en Puebla no hay condiciones para garantizar un debido proceso ni existe una división entre los poderes del Estado, lo que podría generar que el caso Chalchihuapan tome un nuevo camino: el juicio político.
Cabe recordar las causales del juicio político son las violaciones graves a la Constitución, incluidos los derechos humanos (antes garantías individuales), así como el uso indebido de fondos o recursos federales, limitándose los interesados a esa clasificación constitucional, porque fuera de ella no se integraría el juicio político.
La actitud hasta ahora mostrada por el morenovallista parece burlarse de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero no se percata que lo único que esta provocando mayores elementos para enjuiciarlo en instancias de mayor peso que la misma CNDH.
Veremos y diremos.