El gobierno morenovallista desató una auténtica cacería de brujas en la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Tiene en la mira a 500 elementos adscritos a esa dependencia, entre policías preventivos, agentes viales, bomberos y custodios.
Con todo tipo de artimañas y en contra de los derechos humanos de los elementos policíacos, trata de obligarlos para que renuncien a la dependencia.
Una fuente de Intolerancia Diario reveló que el próximo lunes serán entregados aproximadamente 500 oficios de baja a la Secretaría de Seguridad Pública, con diversas causas, entre las que destacan no aprobar el examen de confianza, antidoping, participación en el operativo de Chalchihuapan y falta de declaración patrimonial.
El jurídico de la Policía Estatal está citando al personal previamente seleccionado para que firme su renuncia, y se les amenaza con que si no lo hacen, no los va a dejar salir del edificio hasta que firmen la renuncia.
En lo que va de la administración morenovallista han sido dados de baja 800 elementos policiales, aproximadamente.
Y sobretodo recomiendan los policías que no firmen bajo presión.
El número de policías que supuestamente serán dados de baja son 500, entre policías preventivos, agentes viales, bomberos y custodios. En lo que va de la administración morenovallista aproximadamente han sido dados de baja 800 elementos policiales.
La mayoría de estos policías despedidos no pueden encontrar trabajo debido a que algunos ya se encontraban casi en edad de pensionarse o jubilarse, otros más no pueden encontrar empleo, ya que en ningún trabajo quieren a expolicías, algunos más han optado por meterse a instituciones de seguridad privada o custodia de valores y hasta comerciantes informales.
En toda la corporación, contando policías operativos y administrativos, existe una plantilla aproximada de 2 mil 300 elementos —incluye policía preventiva, vialidad y bomberos—.
La forma en la que se comunica el despido es incierta, a algunos les llega oficio, a otros más sólo les dicen que se presenten en tal o cual lugar y ya estando allí solamente les dicen que o firman la baja o los acusarán de documentos apócrifos o de haber reprobado el examen de confianza.
No deben firmar porque al hacerlo automáticamente estarían aceptando la conformidad del despido y entonces ya no se podría alegar despido injustificado, y al firmar ya ningún abogado podría ampararlos contra ese despido y mucho menos lograría ganar el caso
Especialistas en derecho, consultados por Intolerancia Diario, consideran que ninguna autoridad les puede exigir la firma de la renuncia y si los retienen en las instalaciones los afectados pueden acusarlos de privación ilegal de la libertad y amenazas.