Una nueva victoria jurídica, promovida por Intolerancia Diario, permitirá a sus lectores abrír los expedientes del gobierno estatal para conocer el número real de despedidos durante la administración morenovallista, pese al cerrojo interpuesto con la complicidad de la CAIP. 
Aunque tuvieron que pasar dos años, finalmente el tortuoso camino de la transparencia llegó a su desenlace final, desnudando todas las trabas y estrategias mal empleadas que pone el gobierno morenovallista para no entregar información.
Tuvo que llegar la justicia federal para poner en cintura las malas mañas de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), de negar toda información relevante y delicada del gobierno del estado.
En toda su historia, hasta antes de la llegada del morenovallistmo, la Comisión de Acceso a la Información Pública nunca había perdido un amparo.
Ahora, es la quinta derrota de CAIP en juzgados federales en menos de un año, tres de ellas de Intolerancia Diario, cifra que por sí sola deja a la luz pública cómo está trabajando en favor del gobierno morenovallista y no de los ciudadanos.
Y es que este organismo supuestamente garante de la transparencia en Puebla se ha convertido en una oficina más al servicio del Poder Ejecutivo, encapsulando toda información solicitada que incomode o deje ver mal al Señor de los Cerros.
De este modo, teniendo como cómplices a los integrantes de la CAIP, pero sobre todo a Federico González Magaña, han desechado infinidad de solicitudes, como las facturas de los helicópteros Agusta, también los pagos a medios de comunicación, entre otros.
En el caso que documentamos en la nota principal de Intolerancia Diario, han tenido que pasar 25 meses para obtener cifras reales de los despedidos.
Para entender el tortuoso camino vivido por nuestro reportero Jorge Castillo, debo decir que desde agosto de 2012 emprendió una investigación periodística por la vía de la transparencia para saber a ciencia cierta cuánta gente fue despedida de todas las dependencias del gobierno estatal.
Es la fecha que aún no se conocen los datos exactos.
Para complicarlo, 31 dependencias pusieron a "disposición" la información en sus respectivas instalaciones, lo que implicaba ir a recogerlas a cada oficina de manera personal, a pesar de que se pudo hacer vía electrónica, como lo marca la Ley de Transparencia.
Por eso se interpuso el recurso de revisión contra 16 dependencias a las que no se pudo asistir, debido a las grandes distancias, ya que se encuentran en el interior del estado.
Pero de una manera descarada, la CAIP desechó todos los recursos de revisión alegando que se interpusieron antes de que se cumpliera la fecha que da la ley para la entrega, o sea, 15 días.
Lo anterior quiere decir que para CAIP pesaron más los 15 días hábiles para interponerse el recurso. Lo que no dijeron los comisionados es qué hubiera pasado si se interpone en ese tiempo.
Simplemente también lo hubieran desechado por no haberse ido a recoger los documentos.
Como quien dice, de todos modos Juan te llamas. Y así dejan en estado de indefensión al ciudadano.
La ponencia fue de Federico González Magaña, su primera de importancia, quien no dudó en quedar bien con el gobierno morenovallista a pesar de que tenía los ojos encima por su dudosa manera de llegar al cargo.
Fue apoyado por el presidente de la CAIP, Javier Fregoso Sánchez, ambos mayoriteando por primera vez de muchas a Blanca Lilia Ibarra, quien para no variar les dio una cátedra de transparencia y por qué se debería ordenar la entrega de la información.
La insistencia de estos comisionados por guardar esta información no quedó ahí, ya que a pesar de que jueces y magistrados federales han desnudado las irregularidades en que han incurrido, insisten en irse a recursos de revisión con Tribunales Colegiados.
Finalmente, la semana pasada el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito emitió la sentencia final en la que confirma y ampara a nuestro reportero para la entrega de la información.
Debo darle un justo reconocimiento y manifestarle mi agradecimiento al Centro Ciudadano de Transparencia AC, y gracias a su apoyo y por estar comprometidos con la transparencia se presentaron los juicios ante las instancias federales.
Mediante 34 solicitudes de información y el amparo ganado ante instancias federales a lo largo de cerca de tres años, hasta la fecha se conoce que fueron despedidos 8 mil 441 de los 9 mil 687 trabajadores de confianza que había en el sexenio anterior.
Si se suman los 2 mil 80 despedidos de 15 instituciones descentralizadas, la cifra de bajas llega a 10 mil 521 personas en la primera mitad del sexenio morenovallista.
Pero apenas 110 extrabajadores recibieron finiquitos.
Obviamente las cifras aumentarán cuando se sepan los números de 14 organismos descentralizados más.
Y es que el gobierno estatal ni siquiera pagó finiquitos a todos conforme a ley. 
Es evidente que estos números implican un escándalo social para el desacreditado Señor de las Balas y para todo su gobierno, lo cual explica —mas no justifica— la obsesiva postura de negar la información oficial.
Solo una instancia federal y la perseverancia de Intolerancia Diario pudieron abrir el cerrojo de una administración que actúa con total autoritarismo y arbitrariedad, a través de una aplastante política terrorista.