Los seis mandos medios de la Policía Estatal Preventiva (PEP) detenidos como presuntos responsables de lo ocurrido el pasado 9 de julio en San Bernardino Chalchihualpan, que dejó el saldo de la muerte de un menor de 13 años de edad, antes de ser trasladados al Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, fueron abordados por empleados de la Secretaria de Gobierno que les ofrecieron una oferta “que no podrían rechazar”.
Les dijeron que no dijeran nada, que se aguantaran dentro de la cárcel todo lo que dure el proceso, que no hicieran declaraciones a la prensa, a cambio tendrían todo el apoyo, sus quincenas llegarían normales, le darían ayuda a sus familias, además de que les iban a pagar un abogado y terminando el proceso los reinstalarían en sus puestos.
La contrapropuesta, en caso de no aceptar, es que “todo el peso de la ley iba a caer sobre ellos” y que serían dados de baja y abandonados a su suerte.
Así las cosas, los mandos medios detenidos como consecuencia de una orden de aprehensión solicitada por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) ingresaron al Penal de San Miguel y rindieron declaración preparatoria sobre los cargos que pesan en su contra y como consecuencia de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, recomendación que fue acatada a modo.
Este gobierno de Puebla aplico la frase juarista “para todos justicia, para los amigos favor y justicia”, y para demostrarlo cesaron y detuvieron a policías que sólo fueron utilizados por el secretario de Seguridad Pública para un fallido intento de desalojo que dejó el saldo de un menor de 13 años de edad muerto y nueve más heridos por disparos de proyectiles de gas lacrimógeno.
Y para “cerrar con broche de oro”, también la emprendieron con familias de Chalchihualpan y, en un “manejo de derecho”, se metieron a sus casas, aterrorizaron a mujeres y niños, y se llevaron detenidos a varios hombres a los que les fincaron alguna responsabilidad, como si pretendieran hacer creer que fue una acción “salomónica”, cuando la realidad fue que presumieron “su musculo de impunidad”.
Al secretario de seguridad Pública del Estado, Facundo Rosas Rosas, sólo le dieron un jalón de orejas y “entre muros” alguna nalgada.
“Malo, Facundo, malo”.
Y para no dejar “cabos sueltos”, mandaron a amenazar a los policías detenidos, para que no declararan en su contra, y les hicieron muchas promesas, como las que debieron haberles hecho cuando las investigaciones del caso de Chalchihualpan.
En ese entonces, les dijeron que “no se preocuparan”, que “no iba a pasar nada”, y luego ellos mismos los encarcelaron.
¿Ahora quién les dice que no les van a hacer lo mismo? Una vez que se echen la culpa los van a dejar solos, al final don Facundo cuando se tenga que ir, porque tarde que temprano se va a ir, ni se va a molestar en visitarlos, mucho menos en cumplirles esas promesas.
Los Goes de Estrada, los “judas morenovallistas”
No está usted para saberlo ni un servidor para comentárselo, pero el famoso grupo Goes, que dirige un tipo de apellido Estrada, se está convirtiendo en el “hoyo negro” de la Policía del estado.
En este grupo se encontrarían no sólo quienes “movieron el abanico” en la agresión en Chalchihualpan, sino en los protagonistas de extorciones, de venta de protección y de otras “salmonelas” que afectan a la uniformada.
Estos personajes fueron quienes engañaron a los seis mandos medios actualmente detenidos, tras llevarlos con engaños a la Academia de Policía, el viernes pasado, para que los aprehendieran, además de brindarle protección a los ministeriales que llevaban la orden.
Se han convertido en “no bienvenidos” y en breve le voy a comentar por qué.
Nos vemos cuando nos veamos.
