La constante violación de los elementales derechos humanos por parte del morenovallismo coloca a Puebla en el centro del debate nacional en este tema.
A diferencia de otros estados del país, como Guerrero o el Estado de México, en Puebla hay una violación de los derechos humanos sistemática y dirigida.
Las autoridades y pobladores de las juntas auxiliares han sido víctimas de esta política del miedo.
A raíz de la centralización del Registro Civil surgieron diversas protestas para exigir el servicio en las distintas comunidades, que tenían que trasladarse grandes distancias para realizar el trámite en las cabeceras municipales.
San Bernardino Chalchihuapan fue el agua que derramó el vaso. Tras el torpe operativo policiaco, el desalojo de la vía Atlixcayotl resultó trágico, con la muerte de un menor.
A partir de esto surgió un movimiento de presidentes auxiliares que buscan un solución al conflicto que originó la centralización del Registro Civil.
En repuesta, el morenovallismo empezó la persecución y represión en contra de los ediles auxiliares que se oponen a tal medida.
En las últimas dos semanas se han girado tres órdenes de aprehensión en contra de ediles de juntas auxiliares que han exigido el retorno de los Registros Civiles a sus demarcaciones. Dos de ellas se han cumplido: el de La Resurrección, Sabino Leonardo Baéz, y Raúl Pérez Velázquez, de San Miguel Canoa, se encuentran hoy bajo prisión, mientras que uno de ellos, Javier Montes Bautista, edil auxiliar de San Bernardino Chalchiuapan, se encuentra escondido luego de que se intentó detenerlo el pasado 24 de octubre durante un operativo en contra de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan.
En medio de este conflicto, el morenovallismo desató otro movimiento social con su intento por aplicar la #leydeldespojo y tratar de expropiar los terrenos aledaños a la pirámide de Cholula.
Tras el bloqueo del Periférico Ecológico y el cierre de la presidencia municipal de San Andrés Cholula, por parte de la población que defiende lo que considera suyo, el gobierno morenovallista inició una nueva presesión y encarceló a los líderes de ese movimiento.
Las voces en contra de la presión y criminalización de la protesta van en aumento.
Ahora, la Iglesia católica rompió el silencio y exige frenar la represión existente en Puebla.
En menos de ocho días, el clero cuestionó el estilo autoritario del gobierno estatal. El sacerdote Miguel Concha Malo exigió libertad a los presos políticos en el Cereso de Cholula. Ayer, Alejandro Solalinde pidió frenar la represión contra activistas sociales, y el arzobispo Víctor Sánchez se ofreció como mediador en el conflicto de Chalchihuapan.
Sin duda, el clero está preocupado por la política represora del morenovallista y, sobre todo, por la sistemática violación de los derechos humanos de los líderes sociales, principalmente de los que se oponen a las políticas y proyectos del grupo en el poder.
De no frenar estas acciones, la violación de los derechos humanos se convertirá en el talón de Aquiles del morenovallismo.