La tarde del martes, tres hombres armados ingresaron al Banamex que se ubica en circuito Juan Pablo II y bulevar Carlos Camacho, antes Valsequillo; sometieron a los empleados bancarios y se llevaron cerca de 6 mil pesos en efectivo, de una de las cajas de pago.
De los tres asaltantes, se dijo que dos se quedaron afuera y uno ingresó para someter a los empleados y apoderarse del vehículo, luego los tres se dieron a la fuga con rumbo desconocido.
Tras el robo, la sucursal fue acordonada por la Policía Municipal, del Estado y Ministerial, el show de siempre, sólo trascendió un hecho que es alarmante.
A tres días de que inicie el Buen Fin, resulta que la mayoría de los elementos de la Policía Ministerial del Estado (PME), que están adscritos al grupo Águila, que tiene como fin el cuidado de las instituciones bancarias y sus usuarios —cuentahabientes—, no están armados, aunque muchos de estos provienen de la Ministerial Acreditable.
Es más, muchos de estos agentes se han dado cuenta de los asaltos cuando se están perpetrando pero ante el hecho de que no portan armas y los delincuentes sí, han decidido no intervenir para no resultar heridos o muertos sin que se puedan defender.
Luego le explico qué pasa con las armas.
Crimen de Estado y además negligencia
Le tengo una segunda carta del caso Ayotzinapa, visto desde la óptica de un especialista en litigio penal, de los abogados que desayunan, comen y cenan en Juzgados, agencias del Ministerio Público y prisiones, se trata de José Luis Ramírez Téllez.
El correo de los muertos
Con relación a la ya famosa rueda de prensa del pasado día 7 de Noviembre del presente año, en que el Procurador General de la República informó acerca de los avances de la investigación que realiza la fiscalía que se encarga del asunto de los 43 estudiantes hasta ahora desaparecidos y que la sociedad opina, sin lugar a dudas que se trata de un “crimen de Estado”, no existe duda que varios servidores públicos, se encuentran implicados en el delito de DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, cuyo tipo penal se encuentra perfectamente definido en el capítulo III Bis del Código Penal en Materia Federal y que establece en su Artículo 215-A.- lo siguiente: “…Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención. A quienes cometan ese delito, puede aplicárseles una pena que va desde los cinco hasta los cuarenta años de prisión, según el artículo 215-B, pero también por otra, el Artículo 215-C.- del propio Código Penal Federal, señala que: “…Al servidor Público que haya sido condenado por el delito de desaparición forzada de personas, además se le destituirá del cargo y se le inhabilitará de uno a veinte años para desempeñar cualquier cargo, comisión o empleo públicos…” de manera independiente a que se aumente la penalidad por otro u otros delitos cometidos, por otra parte y de acuerdo con las declaraciones emitidas por el Procurador General de la República, ¿usted cree que unas cuantas personas fueron capaces de controlar a 43 estudiantes? ¿Cuántas personas cree usted que debieron haber intervenido para lograr someter a todos? , esa es la primera pregunta que todos nos hacemos y que el distinguido jurista Miguel Carbonell públicamente pregunta a la Procuraduría General de la República, quien además, le formula las siguientes interrogantes:
1) ¿Cuántas personas recibieron, trasladaron y mataron a los 43? Suena poco creíble que entre 3 o 4 pudieran someterlos a todos, considerando que eran jóvenes y probablemente estuvieran muy enojados por lo que les pasaba.
2) Dicen los sicarios que 15 de ellos llegaron al basurero de Cocula ya muertos. ¿Cómo murieron? ¿Por asfixia, por disparos de arma de fuego? ¿Cómo fue?
3) ¿Cómo es que los presuntos sicarios lograron calcinar a cielo abierto 43 cadáveres hasta reducirlos a ceniza? Se requiere de una temperatura altísima para hacerlo (más de mil grados centígrados, según expertos), la cual se logra en un horno crematorio pero no es fácil de alcanzar juntando sólo madera o botellas de plástico, como lo relataron los detenidos.
4) ¿Cómo es que los presuntos asesinos se quedaron alimentando la fogata por más de 15 horas, sin mostrar signos de fatiga, sin tomar relevo, sin salir a comer algo o a informar a sus cómplices?
5) ¿Cómo es que los fragmentos de huesos presentados en la conferencia son tan pequeños? ¿Acaso los homicidas fragmentaron a tal grado las columnas vertebrales, las costillas, los huesos femorales, etcétera de los normalistas? Deben haber tardado mucho. ¿Y lo hicieron con sus manos o traían alguna herramienta para lograrlo?
6) Si la fogata estuvo ardiendo por 15 horas, ¿cómo es que nadie vio nada, cuando ya existían reportes de la balacera y detención de los jóvenes? ¿A ninguna autoridad se le hizo sospechosa la columna de humo que debe haber existido? ¿Ningún poblador se animó a llamar al ejército o dar aviso de alguna manera? ¿Nadie?
7) ¿Los detenidos estuvieron efectivamente acompañados de un abogado? ¿Cómo es que confesaron con tanto detalle y sin aparente “presión” lo que hicieron? ¿Cómo logró la PGR “convencerlos” de contar los nombres de sus cómplices, si eso en la práctica puede suponer para ellos una condena de muerte cuando estén dentro de un reclusorio? ¿Qué clase de abogados tuvieron, que les aconsejaron contar todo a las autoridades?...
No es novedad que a la fecha el presidente Enrique Peña Nieto no ha cumplido los 10 compromisos que firmó el 29 de octubre en Los Pinos tras la reunión que sostuvo con padres de los estudiantes desaparecidos, creo además que es conveniente que se firme ya el convenio ofrecido a ellos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que a través del mismo, se permitiría la intervención de personal con especialización en las diferentes áreas de la investigación, dado que, a tantos días ya de distancia de los hechos y los resultados hasta ahora desfavorables obtenidos por la Dependencia Federal encargada de la investigación, no han sido satisfactorios creo, que ni para ellos mismos, por eso amigo lector, no le resultará extraño que Noemí Berumen Rodríguez, quien fuera acusada por la Procuraduría General de la República por ocultar en la casa que se ubica en el número 50 de la calle Cedro, colonia Tenorios, al ex Presidente Municipal de Iguala José Luis Abarca y a su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, quedó en libertad, después de otorgar una fianza, dado que el delito de encubrimiento no es catalogado como grave, pero tampoco le vaya a extrañar que posteriormente quede en libertad absoluta al acreditarse en su favor, alguna excusa absolutoria.
Hasta aquí la carta.
