En aras de impulsar la equidad de género, la Reforma Electoral, plasmada en nuestra Constitución Política, terminó rompiendo con el principio de la democracia interna de los partidos.
Es innegable que para lograr que cada partido postule al 50 por ciento de sus candidaturas a diputaciones federales con mujeres, se debe violar cualquier método de elección de sus abanderados.
Veamos un escenario.
Si alguno de los partidos políticos desechara el típico y práctico dedazo, para abrir la selección de candidatos a través de un método democrático real, el resultado podría arrojar un porcentaje superior al 50 por ciento de candidatos hombres.
En esa lógica, el partido tendría que descartar a sus candidatos ganadores a través de sus propios métodos de selección, hasta equilibrar el número de candidatos hombres y mujeres.
Y es aquí en donde surgen varias preguntas:
¿Qué pasa con los derechos políticos de aquellos que ganaron su candidatura apegados a los estatutos de su partido?
¿Cuál es el factor que determinará a qué hombres les quitan su candidatura ganada democráticamente, para alcanzar el 50 por ciento de mujeres?
¿Qué es más importante para la democracia, proteger los derechos de un candidato legítimo o privarlo de su derecho para designar a una mujer bajo el principio de la equidad de género?
Evidentemente, las promotoras de esa equidad incurrieron en una aberración legislativa, la cual hoy le da elementos a los partidos para utilizar el dedazo, con el permiso expreso de nuestra Carta Magna.
Si bien es cierto que todos los partidos políticos mexicanos, como fieles herederos de las prácticas del tricolor, hoy utilizan el dedazo, a través de métodos disfrazados de democráticos, también es un hecho que sus estatutos buscan —cuando menos en la teoría— dar garantías a quienes aspiran a una candidatura, sin importar condiciones de edad y sexo entre otras.
Sin embargo, con la disposición constitucional, que obliga a los partidos a respetar la equidad de género con la mitad de candidatas, ahora se pueden imponer candidatos bajo el cobijo de la propia ley, tirando a la basura todos los métodos de selección interna, sin distingo de partidos políticos.
Gracias a la equidad de género, los partidos pueden quitar al candidato que se les pegue la gana, con el pretexto de que la ley los obliga a equilibrar el número de candidatos.
No hay que olvidar que en Puebla, en anteriores procesos electorales, se han removido candidatos a senadores y a diputados ya designados, para cumplir con la cuota femenil.
Y si a todo lo anterior le sumamos los candados que se rompen con las alianzas de partidos, tenemos que en este país la única forma de ser candidato es a través de la imposición, formando parte de la élite de cada instituto político. Y si eres mujer, mucho mejor.
Vale la pena concluir que este breve análisis nada tiene que ver con posturas misóginas, sino con un llamado a todas aquella defensoras de la equidad de género, para que reflexionen sobre la importancia de los valores democráticos que tanto esfuerzo y sacrificio le han costando a este país.
Entiendo perfectamente que las mujeres merezcan espacios en todos los ámbitos y niveles de la política, pero no a cambio de la violación del principio más valioso que debe contener una legislación electoral: el de la democracia.