La agresión armada ocurrida el domingo pasado en el interior y exterior del área de canchas deportivas de la preparatoria Benito Juárez, donde se encuentra en entredicho la detención de nueve sujetos como presuntos responsables, siete de ellos consignados al Cereso de San Miguel, seis por encubrimiento y uno más por un doble homicidio y lesiones, deja en claro la verdadera postura de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) con relación al esclarecimiento de delitos; y no es otra cosa más que "primero consignó, luego existo".
La posición actual de la PGJ, para poder deslindarse de casos de los que no tienen la capacidad de resolver, es "lavarse las manos” y dejar que en los Juzgados penales se resuelva, aunque esto tenga que ver con mandar a prisión a inocentes.
‎Y se lo comento porque la PGJ, a través del Ministerio Público de Homicidios, resolvió enviar a prisión a Donaldo Campos Contreras, de 20 años de edad, a quien acusó de haber asesinado a Alejandro Solís González, de 34 años de edad, alias "el Grillo", y a Marco Antonio Martínez, además de provocar lesiones con arma de fuego a Israel García, de 28 años de edad, actualmente internado en el ISSSTEP, presumiendo que este joven efectuó 20 disparos con un arma calibre .9, cuando no le encontraron el arma, además de que tampoco hallaron pruebas periciales que indicará que él había disparado.
Junto con Donaldo Campos, la PGJ envío a prisión a Vicente Fernández Martínez, José Daniel Campos Contreras, hermano del presunto homicida, Hugo Espinosa Martínez, Juan Antonio Agustín Palafox, Juan Gabriel Campos Flores y Ricardo Campos Flores, los últimos primos del presunto homicida, a quienes acusó por encubrimiento.
‎Y todo porque la PGJ, a través del área de homicidios del Ministerio Público, no quiso investigar o no le interesó investigar lo que realmente paso la tarde del domingo en medio de un torneo de fútbol.
 
Lo ejecutaron porque no quiso cambiar de bando
En las actuaciones del Ministerio Público obran las declaraciones de familiares de Marco Antonio Martínez, ‎quien al momento del atentado fue herido en ocho ocasiones, en piernas, espalda y cabeza, y quien murió en el hospital del ISSSTEP, tras ser sometido a dos intervenciones quirúrgicas.
‎Marco Antonio era a quien en realidad querían los hombres que efectuaron los disparos, porque no fue sólo uno. 
Y es que Marco Antonio, como se lo he venido comentando, fue sobrino de Oswaldo Nájera Reyes, "el Tachi" o "el Mafafo", ejecutado el 7 de marzo pasado, cuando se encontraba dentro de su vehículo, junto con su esposa, quien, como consecuencia, quedó paralitica.
Oswaldo era el segundo al mando de un grupo de narcomenudistas, el primero fue Alfredo Arcega Silveti, quien también fue ejecutado con disparos de arma de fuego. Todos ellos fueron asesinados porque se negaron a pertenecer a un cartel de la droga.
En las declaraciones de los familiares de Marco Antonio Martínez existieron las mismas amenazas. Dijeron que este mismo grupo criminal, implicado con las ejecuciones que le comenté, fue quien se comunicaba con Marco Antonio, sabía que éste fue incondicional de Oswaldo, "el Tachis", y por lo mismo conocía todos ‎los contactos para pago de protección, distribución de enervantes e incluso dónde abastecerse.
En todo momento lo buscaban para que se pasara a su grupo y éste nunca quiso; como consecuencia, también fue asesinado.
¿Así o les frío un huevo?
Nos vemos cuando nos veamos.