Como parte de la voracidad del grupo en el poder, desde Casa Puebla se preparó en total sigilo una iniciativa que contemplaba gravar con un impuesto estatal los aguinaldos de los trabajadores de Puebla.
La información publicada en algunos medios locales provocó la irritación de los empresarios poblanos, quienes de inmediato desaprobaron la intentona morenovallista.
Pero más allá de las implicaciones sociales y económicas que representa la creación de un nuevo impuesto estatal, vale la pena estudiar lo que hay detrás de estas "brillantes" ideotas.
De entrada, hay que recordar que el Impuesto Sobre la Nómina fue aumentado en este sexenio del 2 al 3 por ciento, gracias a otra iniciativa del Señor de los Cielos.
Originalmente, el ISN se destinaba para proyectos productivos que aprobaba el Consejo para el Desarrollo Indusrial, Comercio y de Servicios, en el que participaban los organismos empresariales, el cual administraba, en conjunto con el gobierno del estado, un fideicomiso con los recursos del ISN.
Sin embargo, bajo el mandato morenovallista se extinguió ese fideicomiso para crear uno nuevo, administrado exclusivamente por la SFA, el cual utilizó los fondos del Impuesto Sobre la Nómina para garantizar el pago de PPS como el Centro Integral de Servicios.
Es decir, por los próximos 30 años los ingresos del ISN están comprometidos para saldar los 3 mil 800 millones de pesos que costó la construcción del CIS.
Bajo este esquema, el ISN dejó de servir para proyectos de desarrollo económico, y terminó destinado al pago de una especie de renta por cinco sexenios, en lo que es uno de los muchos caprichos del gobernador Moreno Valle.
No hay que perder de vista que, de acuerdo a versiones internas, la cifra de las comisiones que entregan los constructores de los inmuebles contemplados en el sistema de PPS, es del total de la obra, no del pago mensual que reciben.
Váyase bajito, al 10 por ciento, puede hacer usted la cuenta.
Según yo, son 380 milloncitos.
En esa misma lógica, detrás de la idea del impuesto al aguinaldo debe haber otro jugoso negocio, que aún no termino de descifrar.
Es evidente que el anuncio de una política de austeridad, de la mano de una tentativa de nuevos impuestos, obedece a que su voracidad ya dejó a Puebla empeñada por los próximos cinco sexenios.
Sin embargo, no se puede justificar a un gobierno que anuncia medidas de control en el gasto y de nuevas recaudaciones, cuando por otra parte destinan 900 millones a la remodelación de un estadio, para un equipo prácticamente desahuciado.
Afortunadamente, el impopular impuesto al aguinaldo deberá dormir cuando menos un año más en el escritorio del gobernador, debido a que el clima político, generado por la represión gubernamental y por la inseguridad, genera un nuevo riesgo para la gobernabilidad en el estado.
Por supuesto, ya salieron diputados de todos los colores a decir que ellos frenaron la iniciativa morenovallista.
Que no jodan.
En todo el Congreso del estado no existe un sólo diputado capaz de frenarle nada al autoritario Señor de los Cerros.
 
¿RMV, bajo el amparo federal?
El Poder Judicial Federal deberá tomar cartas urgentes en el asunto para explicar cómo el gobernador Moreno Valle se atrevió a decir que él gana todos los amparos. En una declaración, adelantó y aseguró que pese a las suspensiones otorgadas por jueces federales a los transportistas, cuyas unidades transitan por la 11 Norte-Sur, él va a inaugurar la línea 2 del metrobús (RUTA 2).
Es un secreto a voces que un grupo de magistrados federales y jueces de distrito se enteraron de la molestia del gobernador por haber emitido algunas resoluciones en contra, pese a que él había enviado los "agradecimientos" respectivos.
Al enterarse de este incidente, el enojo entre los magistrados y jueces no se hizo esperar, toda vez que el "agradecimiento" nunca llegó, independientemente de que nunca lo pidieron.
Es decir, el emisario se comió los "agradecimientos", aunque reportó que estos fueron entregados en tiempo y forma.
Así las cosas, tras las atrevidas declaraciones del gobernador, que presume que él gana todos los amparos, el Consejo de la Judicatura Federal debiera iniciar una investigación para conocer el número de amparos ganados por el estado de Puebla y, en su caso, tomar cartas en el asunto.
Veremos y diremos.