Una vez concluido el controvertido proceso de selección de la comisionada de Acceso a la Información Pública, que empezó viciado por la puja tras bambalinas ente panistas y priístas, finalmente dejaron fuera Alexandra Herrera Corona, para dar espacio a una auténtica ignorante en la materia.
Fueron dos factores los que pesaron gravemente para marginar a la también exdirectora del Registro Civil, de repetir en el cargo de comisionada hasta el 2021.
Uno de los más determinantes fue su trabajo durante cerca de cinco meses en la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), donde no tuvo miramientos y simplemente aplicó la Ley de Transparencia contra dependencias estatales.
Y es que tocó fibras sensibles en temas escabrosos como los operativos contra mototaxis, ordenando a la intocable Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) entregar información de los detenidos.
Asimismo, también ordenó dar los números de policías estatales que aprobaron y reprobaron los exámenes de control de confianza de los últimos tres años, y lo hizo justo cuando Intolerancia Diario reveló los despidos injustificados en esa dependencia.
Además, contra la Secretaria de Salud emitió un recurso de revisión, al señalar que debe entregar el número y casos de los acuerdos de reserva que ha firmado para evitar entregar información.
Su rigorista postura y su sorprendente apego a derecho pesaron mucho contra ella.
Pero otro factor determinante fue que los inocentes diputados del Partido Revolucionario Institucional estaban en contra total de su designación, por su presunto morenovallismo y, sobre todo, porque fue la que tuvo los peores resultados en el examen de conocimientos sobre el tema de transparencia.
Por lo mismo, el diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez salió constantemente ante los medios de comunicación a atacarla.
Sin darse cuenta —o quizá sí—, los tricolores le hicieron el trabajo sucio al Señor de los Cielos.
Era evidente que si la reelegían, sacarían a la luz pública los resultados de los turbios y amañados exámenes de confianza, lo cual confirmaría que los despidos masivos de policías fueron parte de una venganza y no de una decisión para limpiar la corporación.
Así que el morenovallismo tenía dos razones suficientes para que Alejandra no repitiera el cargo.
Por lo mismo, no fue difícil la decisión final de dejarla afuera, ya que la utilizaron para supuestamente apapachar a los priistas dándoles su cabeza, sin que estos supieran realmente que la misma ya pendía de un hilo por su rebelde postura en la CAIP.
Así, de un plumazo, los legisladores firmaron su sentencia, en la que los únicos ganadores fueron los morenovallistas al vender la idea de que sacrificaban una pieza incondicional.
Lo cierto es, que haciendo una revisión real a su trabajo, tal como lo destacamos en Intolerancia, Alexandra Herrera simplemente se puso a trabajar en pro de la transparencia, al agilizar los recursos de revisión que llegaban a sus manos.
No es casual que haya logrado resolver el 84 por ciento de los recursos en tiempo y forma, sin excederse en los tiempos; así como que se revocaron el 56 por ciento de las respuestas de las autoridades.
Estos números distan mucho de lo que han hecho sus compañeros de CAIP Javier Fregoso y Federico González Magaña, quienes se han dedicado a cuidar la chamba sin tocar a las dependencias del Poder Ejecutivo.
Ahora habrá que esperar para ver cómo responden a este proceso las organizaciones no gubernamentales especialistas en transparencia, quienes han amenazado con impugnar el proceso que terminará una vez más en un juicio de amparo.
Tiempo al tiempo.