A una semana del anuncio de la polémica reforma al Código Penal para castigar hasta con 12 años de prisión a los grafiteros, y ante la embestida y los cuestionamientos de “inconstitucionalidad”, los diputados modificarán la propuesta original. Y es que la medida causó escozor; además, trascendió a nivel nacional. 
Los integrantes de la actual Legislatura estaban más que puestos para levantar el dedo y aprobar la reforma, siguiendo el script dictado desde la casona de Los Fuertes.
Es cierto, castigar a los grafiteros es un reclamo de la mayoría de la sociedad, que no quiere que pintarrajen sus fachadas o que dañen el patrimonio, el problema es el exceso para considerar a los jóvenes como algo peor que alguien que participa en una violación tumultuaria.
El diputado Eukid Castañón, promotor de la iniciativa, declaró el pasado miércoles que se reconsiderarán las sanciones, y habrá una discusión para que en verdad se ataque el problema; cabe destacar que una petición será para los ayuntamientos, a quienes se les solicitará contar con espacios para el grafiti artístico.
Esta vez llegó la tolerancia antes de que se votara el documento en el pleno del Congreso. Lo interesante será ver cómo se va a castigar a quienes dañan el patrimonio, sin caer en la persecución a la libre manifestación de las ideas.
Sería bueno que se les multe a los papás cuando el infractor sea menor de edad, y quienes no tengan para pagar las multas que se les castigue participando en jornadas sociales pintando las unidades habitaciones en las zonas populares.
Esta vez, nuestros flamantes “levantadedos” se quedarán con las ganas de aprobar la polémica iniciativa. Salvo el caso de la diputada perredista Socorro Quezada, quien se pronunció en contra, los demás ni siquiera se tomaron un tiempo para leerla, sólo estaban listos para asentir y cumplir con los designios del inquilino de Casa Puebla.
 
La sumisión continuará en el TSJ
Los tiempos aciagos para la justicia en Puebla continuarán. El día de ayer se consumó la reelección de Roberto Flores Toledano al frente del Tribunal Superior de Justicia y, por ende, la sumisión se eternizará. 
Y es que en los últimos años el Poder Judicial se convirtió en una oficina anexa de Casa Puebla. El mejor ejemplo lo vimos en el 2014, cuando desde el Tribunal se ejerció acción penal en contra de más de 40 activistas; su único delito: discernir y cuestionar los proyectos del Señor de los Cerros. 
Desde el Poder Judicial se fabricaron delitos, sobre todo contra aquellas voces discordantes con el actual régimen. Tal es el caso de Juan Carlos Flores Solís, Adán Xicale, Albino Tlachi y Enedina Rosas, sólo por mencionar algunos casos.
Toledano cumple a la perfección la encomienda de su amigo. En primer lugar, protege y vela por los intereses de la clase gobernante; en segundo lugar, criminaliza la protesta social. 
Y esto no cambiará, por lo menos durante este sexenio.
Y si no, al tiempo.