Durante semanas anduvo a la caza de información de valía que fuera más allá de la declaración efímera del funcionario público, esa práctica tan habitual de nuestro periodismo local; preguntó, hizo trabajo de campo, consultó y contrastó para al fin tener uno de los trabajos más robustos y sólidos que el olfato periodístico haya dado en los últimos años.
Reportera y corresponsal de EFE, Magaly Herrera desplegó un esfuerzo notable con el apoyo de la plataforma periodística de las Américas, CONNECTAS y con el International Center For Journalist, con sede en Washington, dos organismos que impulsan el trabajo de investigación independiente y de calidad.
Y de paso ubicó en su justa dimensión las palabras del gobernador de Puebla, el panista Rafael Moreno Valle, tras el crimen del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo en julio del año pasado, luego del multicitado desalojo de la autopista Puebla-Atlixco, a la altura de la comunidad de Chalchihuapan.
“Están ciudadanos centroamericanos, en algunas ocasiones con antecedentes delictivos, convirtiéndose, a través de un acta de nacimiento, en mexicanos, y estas actas de nacimiento se adquirían en las juntas auxiliares y se hacía mediante actos de corrupción”, había dicho Moreno Valle para justificar la modificación legal que permitió el retiro de los servicios de Registro Civil en las Juntas Auxiliares.
La mentira desde el poder del Estado, como coartada para salir de la crisis de gobierno por la secuelas de una decisión cada vez más frecuente respecto de la movilización social que exige el cese de políticas públicas que pueden ser legales pero ilegítimas frente a una sociedad agraviada.
En el cuerpo del texto periodístico, publicado en las plataformas de ambos organismos multilaterales bajo el título “Migrantes y Juntas Auxiliares: criminalización y control desde el Estado”, (http://connectas.org/migrantes-y-juntas-auxiliares-criminalizacion-y-control-desde-el-estado/) la verdad pesa más que las palabras del gobernante poblano con aspiraciones presidenciales.
Dice el trabajo de la reportera Herrera: “A través de otra solicitud de información (Folio: 00466314), la Procuraduría General de Justicia (PGJ) informó que de enero de 2013 a noviembre de 2014 no existe ningún extranjero acusado del delito de falsificación de documentos.
”… datos proporcionados por la Procuraduría General de la República (PGR) a través de una solicitud de información (Oficio: SJAI/DGAJ/11804) Puebla fue el sexto estado (131) con el mayor número de denuncias por el delito de falsificación de documentos (del 1 de enero de 2013 al 31 de octubre de 2014), superado por el Distrito Federal (3 mil 192) Jalisco (367), Estado de México (355) y Baja California Norte (315).
”El Instituto Nacional de Migración (INM) informó por medio de otra solicitud de información (Número: 0411100088114) que en los últimos 15 años, 62 emigrantes de Centroamérica han sido remitidos a las autoridades judiciales por posesión de documentos mexicanos falsos. El mayor número de casos lo registra Tlaxcala (24), seguido de Morelos (17) y Tabasco (8). En Puebla no se registra ni un solo caso”.
No sólo no había justificación alguna para retirar el servicio de Registro Civil a los pueblos originarios en el territorio poblano. Ahora sabemos que localidades como Canoa, en la capital, la gente ha tenido que sepultar a sus muertos sin un acta de defunción; en África, una población en el norte de Puebla, la gente debe transitar seis horas en vehículo o 13 horas para cruzar la Sierra hasta el punto más cercano para obtener un acta de nacimiento.
La crisis derivada de la violenta página de la historia de julio pasado tras el retiro de estos servicios de Registro Civil está lejos de convertirse en material para historiadores. Sobre todo si, como se narra en el reportaje de la reportera Magaly Herrera, existe una evidente violación a las leyes internacionales y locales.
Y es que como lo cuenta a la periodista, el activista Fidencio Romero Tobón: “Los indígenas de Puebla y migrantes centroamericanos recibieron la misma chinga: los desplazaron”.
Estamos pues ante un trabajo de investigación periodística impecable y, al mismo tiempo, incómodo al poder.
