En los últimos dos años, el gobierno estatal se ha convertido en un auténtico polvorín político.
Decisiones cargadas de un alto grado de autoritarismo y mal planificadas provocaron el descontento social. La privatización del servicio del agua y la centralización del registro civil acabaron con el temor que los ciudadanos tenían del gobierno en turno.
Poco a poco surgieron grupos, líderes y movimientos en contra de las determinaciones gubernamentales. La respuesta fue la represión violenta y el encarcelamiento de los dirigentes de esos movimientos sociales.
La violación a los derechos humanos fue un duro golpe a la imagen de un gobierno que se vendió como modernizador y muy ajeno a las viejas prácticas políticas del PRI.
La desaparición de los verificentros y la imposición de un nuevo esquema de verificación vehicular volvió a encender la inconformidad de los poblanos, pero no paso a mayores, hasta que la inoperancia de ese esquema, la corrupción y la intransigencia de las autoridades desató una vez más la inconformidad social.
La creciente presión social y la inoperatividad de los nuevos verificentros terminaron por reventar el nuevo esquema de verificación vehicular, instrumentado por el gobierno de Moreno Valle.
A diferencia de otros conflictos causados por las inadecuadas decisiones gubernamentales, el fracaso de la verificación vehicular simplemente le pasaría al morenovallismo la factura en las próximas elecciones federales  y el riesgo de quitarle votos a los candidatos del grupo en el poder eran grande.
Así que utilizaron al nuevo secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (SDRSOT), Rodrigo Riestra Piña, como un auténtico apaga fuegos.
Cuando diversas voces de la sociedad consideran urgente  otorgar una prórroga y replantear el sistema de verificación, el gobierno estatal se cerró y mantuvo inflexibles los tiempos establecidos, pero la realidad superó a los estrategas y no tuvieron más recular para no perder más políticamente. Total Mario Rincón, candidato del PAN a la diputación federal por Tepeaca, tendrá que cargar con el estigma del fracaso de un programa que estuvo a su cargo y que no pudo entregar buenas cuentas.
Con el perdón electorero a los morosos de la verificación vehicular parece que el gobierno estatal terminó con un foco rojo.
Sin embargo, el gobierno estatal volvió a abrir otro campo de batalla. Ahora, con una nueva ola de despidos.
Más de 500 trabajadores del gobierno del estado fueron dados de baja sin previo aviso y sin finiquitos como marca la ley.
En los primeros tres años de la administración, en las 62 dependencias —incluidas las descentralizadas—, fueron despedidas 12 mil 79 personas.  Del total de bajas, apenas 110 extrabajadores recibieron finiquitos, lo que significa que uno de cada cien despedidos o menos del uno por ciento fue indemnizado, según una respuesta de la Secretaría de Finanzas bajo el expediente 136/SFA-08/2013.
Los tiempos político-electorales empiezan a atrapar al morenovallismo, en junio veremos el resultado de esa falta de sensibilidad política.