La postergación en la aplicación de sanciones por incumplimiento de verificación vehicular en Puebla tiene el tufo electoral. A memos de dos semanas del arranque de las campañas políticas el grupo que busca perpetuar este proyecto que padecieron miles de propietarios de vehículos midió el riesgo del costo político.
No hay forma de justificar la inusitada decisión de echarse para atrás. Filántropos no son en la administración estatal cuyo criterio en la implementación de políticas públicas es absolutamente empresarial en toda la extensión del término, para bien y para mal.
En otras entregas de la Parabólica fue narrado el horror que padecieron quienes quisieron cumplir con la obligación de verificar el automotor, aún a costa del trato indigno recibido. En el gobierno de la eficiencia, sus ciudadanos recibieron trato de lacayos. 
Ya se dijo que hubo personas que pasaron el día y la noche entera en el interior del vehículo a la espera de una calcomanía que le evitara la multa posterior. El récord me dijo un  conductor de taxi que había hecho fila por 13 horas sin conseguir el propósito, era de otro señor formado por 25 horas.
Es como la Cuba de los Castro, o Venezuela de Maduro. Mucha presunción y poca eficiencia. Dictaduras que no se detienen si quiera ante el atropello de los derechos de los ciudadanos que padecen de las ocurrencias o protección de los intereses de un grupo de improvisados en el gobierno y la política.
Ahí está Mario Rincón González, orquestador del cambio del sistema de verificación vehicular. Como secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y ordenamiento Territorial fraguó sobre las piernas el cambio de la empresa concesionaria de los verificentros que terminó con un segmento social con rencor a flor de piel.
Será candidato si es que el errático criterio del jefe no dicta otra circunstancia desde este miércoles hasta que ocurran los registros de candidatos, la próxima semana. Esa era una de las cartas que lleva este grupo compacto a la competencia electoral que arranca en unas dos semanas.
Al final no debería haber escapatoria al juicio popular: qué explicación le van a dar a los cientos de ciudadanos que sufrieron por horas haberse formado para realizar el trámite para que al final salgan con que pudieron haber esperado cinco meses más. 
La decisión de postergar parece bofetada en el rostro de la sociedad que tiene tufo electorero.   

En el sótano… 

1.- Apoyos Morena. Desde la Secretaría de Seguridad Pública del Estado salen apoyos a una precandidata a diputada federal por el partido del moloso López Obrador. La virtual abanderada por el distrito 11 por el partido de AMLO se llama Susana López González, madre de Berenice Carrillo López, directora de Prevención del Delito de esa dependencia.
2.- No solo eso, también se sabe que la directora en seguridad pública e hija de la candidata del Peje ya ordenó que toda acción de la secretaría en el distrito 11 vaya para la autora de sus días. Porque eso sí: amor de madre, solo uno.
3.- Ooootro despido masivo. En el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes y Registro Civil hubo otro recorte de personal. A los sindicalizados del área de cultura los citaron en el Museo de Arte Virreynal para decirles que ya ni se presentaran a checar este miércoles.