Este jueves será clave en la relación entre jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia y el gobierno del estado.
Y es que se cumplen los días justos que tienen los integrantes del Poder Judicial para promover una controversia de constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por haberles recortado su salario.
Fue desde el 10 de abril cuando en pleno aprobaron redactar el escrito que harán llegar a la máxima tribuna judicial del país.
Pero ni con la advertencia el gobierno de Puebla dio marcha atrás y los recortes siguen.
La medida fue aplicada desde el 27 de marzo por la Secretaría de Finanzas, día en el que los togados recibieron su primer descuento.
Desde entonces, tenían un mes exacto para promover la controversia constitucional.
Por lo tanto, este jueves, en su sesión del pleno, tienen que aprobar el documento que se enviará a la SCJN.
Los trabajadores del Poder Judicial aseguran que el artículo 116 fracción tercera, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  establece una garantía de protección a las percepciones de los empleados judiciales.
Señalan que la remuneración deberá ser adecuada e irrenunciable y no podrá ser disminuida durante su encargo.
Con este argumento legal, la controversia que se redactaría, por lo que  solicitarán a la SCJN que emita una acción sobre la medida que obliga al recorte presupuestal llevado a cabo desde la Secretaría de Finanzas. 
Estaremos pendientes de este problema que al parecer no han visualizado en la Secretaría de Finanzas.
Todo por cuestión de pesos y centavos.


 
La veda


Luego de que en la pasada entrega del lunes publiqué una carta abierta al señor López, la mañana de ayer recibí una llamada de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH).
Me señalaron que iba a recibir una respuesta al escrito donde hice varias preguntas sobre el proceder del organismo que supuestamente está para defender los derechos humanos.
Pero me aclararon que escogiera dos opciones: La primera, que me enviarían un texto y la segunda, que me darían una entrevista.
Pero fueron firmes de que la persona que daría la entrevista no sería el señor López, sino un funcionario de menor nivel, en este caso el secretario técnico.
Algo parecido como cuando se ofreció la disculpa pública del caso Chalchihuapan, mandando a un funcionario de tercer nivel.
¿Ya aprenderían o es la tendencia?
El argumento era que por la veda electoral, el titular de la dependencia descentralizada no puede dar entrevistas.
Por supuesto rechacé esta opción si no era el presidente de la CDH quien contestara las dudas, debido a que finalmente es él quien debe aclarar el porqué de su actuar.
Les señalamos que su argumento de la veda es endeble, debido a que en primera instancia en la entrevista no se tratarían  temas de promoción de la CDH.
Y en segunda, por ser un organismo descentralizado y el ombudsman al tratar temas de derechos humanos, simplemente no entra en la prohibición de propaganda que podría considerarse electoral.
Es de sentido común.
Finalmente, señalaron que llamarían para analizar la situación, pero nunca se volvieron a comunicar, hasta el cierre de esta edición.
Seguiremos esperando, ya hasta compré una silla para no cansarme.