Entusiasmados con la idea de haber encontrado un garbanzo de a libra con un video de 4 minutos 52 segundos de duración, entregaron el llamado “video escándalo” al gobernador Rafael Moreno Valle que decidió llevarlo a instancias federales para acusar la presunta “trampa electoral” que preparaban las delegaciones de Sedesol y SCT en Puebla.
Frustrado por la chapuza en la que cayó, tarde advirtió ante sus interlocutores del gobierno federal, que en la “prueba irrefutable” no había una sola mención al PRI, al proceso electoral, o a los candidatos que compiten en la campaña rumbo a la elección federal del domingo 7 de junio.
Nada, salvo la estrategia logística para la entrega de pantallas digitales en domicilios de escasos recursos como parte del programa de trabajo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para dar cumplimiento al apagón analógico que consiste en el cambio de teles viejas por aparatos nuevos, cuyo plazo vence en diciembre de este 2015.
¿No lo había visto antes gobernador?, dicen que alguien inquirió cuando ya el rostro dibujaba la descomposición del enojo mal disimulado. 
Lo mismo debe suceder al diputado local del PAN, Jorge Aguilar Chedraui, quien la semana pasada decidió señalar con el dedo flamígero de su alta y recta autoridad moral para pedir la suspensión de la entrega aparatos televisivos durante el proceso electoral.
No hubo un solo asesor del combativo legislador que le haya informado que la entrega de las teles digitales es mandato constitucional votado por el Congreso de la Unión en julio del año pasado y eso incluye a su partido, que preside la Comisión de Telecomunicaciones el senador Javier Lozano, tan cercano a ese grupo.
Mal hicieron quedar al alfil del gobernador en la bancada panista local pues cualquier iniciado en la práctica parlamentaria sabe que una disposición constitucional como corresponde al programa de Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) no puede ser considerado como un programa social por una razón elemental: no lo es.
Las recientes modificaciones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones al Artículo 6º de la Constitución Mexicana establecen que “… el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones”.
Y todavía más: según la Encuesta sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información realizada por el INEGI en 2013, en el país existen más de 15 millones de hogares que dependen de la televisión analógica abierta, la mayoría de esos cientos de miles viven en zonas de alta marginación y sin el dinero suficiente para la compra de una pantalla para la recepción de señales digitales.
Ya era del conocimiento público, de los partidos y de todo quien tenga acceso a los archivos digitales en la web el calendario de distribución de los televisores digitales a hogares que así lo requieran.
También fue público el rechazo de la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral a una petición de Morena para suspender la entrega de teles digitales.  
Aguilar Chedradui ganó algunos espacios entre medios afines a su grupito; sin embargo, terminó por exhibir la ignorancia en la era digital y la anomia con la que se conducen los falsos paladines de la nueva plutocracia.