No pasaban de las dos horas del sábado 6 de junio cuando el agente del Ministerio Público adscrito a la Tercera Mesa de Tramite de la dirección de Averiguaciones Previas Metropolitana Sur recibió la orden de poner en libertad a los 7 estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), acusados como presuntos responsables de las explosiones en la terminal del metrobús, el Instituto Nacional Electoral y la Secretaria de Economía.

En forma inmediata la orden se acato y los presuntos responsables de los delitos de ataques a las vías generales de comunicación, daño en propiedad ajena y asociación delictuosa abandonaron las instalaciones del edificio de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), de la 31 Oriente y el Boulevard 5 de Mayo, siendo recibidos por sus padres y compañeros.

Antes de todo este movimiento, el abogado general de la UAP, que acudió a conocer la situación legal de los 7 detenidos, le dijeron que aún no se resolvía nada y le dejaron entre ver que los 7 iban a ser trasladados al Centro de Reinserción Social (Cereso), de San Miguel, lo mismo le dijeron a sus familiares.

Incluso, para fortalecer el dicho de que a los 7 estudiantes les iban a “aplicar la ley”, la Procuraduría General de Justicia envió un aviso a los medios de comunicación donde les dejaba entrever que a los detenidos: Shariff Guerrero Contreras, Juan Carlos Tepole Ixtacoa, Axel Jiménez Morillón, Erick López Cruz, Carlos Arafat Rosas Burguess, los estaban también investigando por otro caso similar ocurrido en el mes de marzo del mismo año.

“En seguimiento a lo ocurrido el pasado 27 de marzo de 2015 ante actos vandálicos registrados en oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE), la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla (PGJ), ha realizado diversas investigaciones que han permitido vincular estos hechos con los ocurridos el 1 de junio del 2015, en los que también derivado de actos vandálicos en los que se activaron artefactos que provocaron combustiones, se registraron daños en las instalaciones tanto del INE como de la delegación de la Secretaría de Economía, y en un paradero de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).

”De acuerdo con los datos de Inteligencia obtenidos, se ha podido establecer la posible participación de varias personas”.

Hasta ese momento no había de otra, los 7 estudiantes iban a conocer por dentro el Cereso; sin embargo, algo les molestaba a los ocupantes de Casa Puebla, el hecho de que el caso llegara a las calles de Puebla y que esto afectara el proceso electoral.

Y es que los padres y familiares de los estudiantes detenidos aguardaban a las puertas del edificio de la PGJ y estaban dispuestos a todo, incluso llevaban pancartas para iniciar protestas que amenazaban con afectar al proceso electoral del 7 de junio.

Los abogados penalistas, José Oscar Lagunes y Flavio Alberto Carro Poblano, representaron a Ana Rosa Zilli Colorado y Eric López Cruz, dos de los detenidos y promovieron amparo por estar incomunicados en el Juzgado Primero Especializado en Materia Penal, lo que motivo la presencia del actuario federal para que confirmara si estaban detenidos o no.

Durante las investigaciones existieron dudas, primero los videos que el Ceri (Centro de respuesta inmediata) tomo de los que detonaron los petardos no eran las mismas imágenes, los del video estaban más obesos, además de que no flagrancia en el delito.

Al final, los 7 fueron puestos en libertad provisional, porque el caso sigue.

Lo que más le importo en este caso es que el proceso electoral no fuera afectado por los estudiantes detenidos.

Pero el proceso termino y las investigaciones siguen…

Nos vemos cuando nos veamos