El gobierno morenovallista trató a toda costa evadir su responsabilidad en el torpe desalojo policíaco en San Bernardino Chalchihuapan, donde resultó gravemente herido un menor de 13 años de edad y diez días después falleció por el impacto de un proyectil lanzado por la policía.
A toda costa, el morenovallismo buscó inculpar a los pobladores y trató de blindar la imagen del gobierno Moreno Valle, tras el deceso del niño, víctima de la #leybala.
Para el morenovallismo, San Bernardino Chalchihuapan es un refugio de delincuentesque deben ser castigados para poder mantener intacta su imagen. 
Todo el aparato estatal y mediático tenía un solo objetivo: inculpar a los pobladores que exigían la reincorporación del servicio del Registro Civil a su comunidad.
Incluso, como dice la máxima política, con el “divide y vencerás” el gobierno estatalaceleró la división política que existe en SanBernardino.
La junta auxiliar de Chalchihuapan desde tiempo atrás es una zona de disputa territorial entre Antorcha Campesina —al quepertenece la diputada federal Soraya Córdova—y Los de Abajo, que apoya Roxana Luna, también diputada federal.
Insistentemente, los detenidos en su declaraciónministerial acusaron que la diputada federal Soraya Córdova Morán fue quien lespidió que acusaran al presidente de la junta auxiliar de ser el causante de la violencia.
De acuerdo al comportamiento de las autoridades morenovallistas, en San Bernardino Chalchihuapan habitan personas que atacan alas vías de comunicación y a la seguridad enlos medios de transporte, delinquen contra lasautoridades en su modalidad de desobedienciay resistencia de particulares.
Realizan lesiones dolosas, causan daños enpropiedad ajena dolosos, se amotinan, privanilegalmente de la libertad y cometen homicidioen grado de tentativa.
Al grado encarcelar sin sustento jurídico a 12 personas que participaron en la manifestaciónen contra de una determinacióngubernamental: quitarles a las juntas auxiliaresel Registro Civil.
El morenovallismo no pudo sustentar jurídicamente las detenciones y tuvieron que ser liberados algunos de los detenidos. Pero el impacto mediático ya había hecho su efecto.
Y para que el impacto mediático fuera mayor, en el menor tiempo posible se dictaron autos de formalprisión contra tres detenidos. Los mensajes fueron claros:
1. Todo el peso de la ley a quien protestecon las medidas gubernamentales.
2. Protección absoluta a los policías estatalesante los excesos cometidos en los desalojos.
3. Inculpar a la población inconforme para justificar la represión con armas potencialmenteletales, como las considera Amnistía Internacional.
A un año de distancia de los hechos violentos y la estrategia mediática fracasó. Nada pudo evitar el descredito gubernamental por la muerte de un menor de
edad, consecuencia de un proyectil lanzado por la policía.