El 31 de octubre de 2014, el morenovallismo detuvo al presidente auxiliar de San Miguel Canoa, Raúl Pérez Velázquez.
Ese viernes Raúl Pérez se convirtió en el segundo presidente auxiliar detenido por la Policía Judicial del Estado. Al momento de la detención Pérez Velázquez se desconocían las causas de la aprehensión, pero que había emprendido una lucha en contra del morenovallismo por mejores servicios para su comunidad y en especial, del Registro Civil, que fue centralizado.
Después de la aprehensión de Sabino Leonardo Báez Serrano, de la junta auxiliar La Resurrección, el edil de Canoa se amparó ante el Poder Judicial de la Federación, para evitar una posible aprehensión del Juzgado Primero de Distrito o de cualquier otra autoridad poblana.
Pero fue detenido trasladado a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
En esta semana,  de acuerdo a la página de internet del Poder de la Judicatura Federal, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito ordenó el auto de libertad a su favor.
La sentencia del amparo 941/2015 del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, señala que el Juzgado Cuarto de lo Penal no tiene elementos para mantenerlo preso.
Esto fue ratificado por el Tribunal Colegiado, luego de que se solicitó el recurso de revisión del expediente
Se explica que ya había anteriormente un fallo a favor del exedil de Canoa y se ordenó, en noviembre del 2014, eliminar el auto de formal prisión contra Raúl Pérez Velázquez, debido a que no cometió los delitos de abuso de autoridad y robo.
El juez Cuarto de lo Penal anuló el auto de formal prisión; sin embargo, posteriormente acreditó nuevamente los mismos delitos con los mismos elementos para dictar otro auto de formal prisión.
Debido a esto, el Tribunal Colegiado determinó que los elementos de prueba no son válidos y ordenó el auto de libertad.
Por lo tanto, Raúl Pérez está en vías de recuperar su libertad, debido a que estos son los dos principales delitos por lo que fue detenido y procesado penalmente.
Sin embargo, enfrenta otro proceso legal por supuesto desvío de recursos, aunque tampoco está acreditado debidamente, y lo mantiene en prisión.
La justicia poblana está en entredicho y sometida a los caprichos del poder ejecutivo que sigue aferrado a mantener presos políticos, más por cuestiones de una política del miedo que por violaciones legales.