El golpe que le dio Artículo 19 a la administración estatal y por ende a la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), mediante el estudio de la realidad de la transparencia en el Estado, ojalá sirviera de algo.
Pero temo decirles que no va a mover ni una hoja del árbol de la opacidad que crece cada día más en Puebla.
Y es que la negativa de la entrega de información es como un gran ramaje que crece desde el burócrata de escritorio y que llega hasta los comisionados de CAIP.
Por ejemplo, ¿qué compromiso habrá en CAIP, si el próximo presidente del periodo 2016-2017, está participando para ser consejero electoral, como lo es Federico González Magaña?
¿Qué compromiso habrá en CAIP que ni siquiera han revisado bien las páginas de internet de sujetos obligados, al grado de que si alguien hace una solicitud, no hay modo de comprobar que lo hizo?
Tal es el caso en la página del Congreso Estatal, entre otras, sobre todo municipales, donde uno puede realizar una solicitud de información por medio de una plataforma, que no envía acuse de recibido.
O sea que hay que encomendarse a Dios, para que le hagan caso a la solicitud, pero si no, no hay modo de presentar un recurso de revisión, debido a que no hay como comprobar que se hizo la petición.
Pero eso no es todo, en la misma página CAIP cuando alguien presenta un recurso de revisión por medio de correo electrónico, tampoco hay acuse de recibo.
También con ellos, “los garantes de la transparencia” hay que prender veladoras para que le hagan caso.
Así de increíble.
Pero total, lo de hoy es ser consejero electoral, la transparencia ya pasó de moda, al menos para algunos.
El impuesto no impuesto
Técnicamente la Procuraduría General de Justicia (PGJ) tiene razón en que no es un nuevo impuesto la nueva medida de la emisión de un documento donde se comprueba que no hay nada “chueco” en un automóvil a comprarse o venderse.
Y lo es técnicamente, porque finalmente no se le está imponiendo a nadie la Constancia de Identificación Vehicular.
Sin embargo, va a ser un papel que todos los compradores de automóviles van a exigir, con todo derecho.
Lo cierto es que finalmente con la medida se formalizó un pago que antes se hacía por medio de la corrupción.
De este modo quitaron la opción de exigir la gratuidad en la revisión de los automóviles a venderse.
Antes de implementarse la nueva medida, por años la PGJ implementó medidas para evitar la venta de automóviles robados, con la revisión de los vehículos.
La diferencia es que se hacía gratuitamente tanto en las instalaciones de la dependencia ubicada en la 31 Oriente y Boulevard 5 de Mayo, así como en unidades móviles.
Eran enviadas a la zonas de mayor proliferación de venta de autos como los tianguis, como por ejemplo los mayormente conocidos como el de La Ciénega y Villa Verde.
En estos lugares, sobre todo los fines de semana, se realizan cientos de transacciones entre particulares, con los vehículos a vender a la vista, la gran mayoría revisados por los agentes ministeriales.
El servicio aunque era anunciado como gratuito, en la realidad no lo era.
Y es que los elementos ministeriales llegaban a cobrar hasta 200 pesos por la revisión, los cuales no eran cobrados si alguien reclamaba.
La excusa de los elementos era la utilización de material para la revisión de los números de serie, para lo cual supuestamente se utiliza un químico o líquido, la cual aseguraban no les proporcionaba la PGJ.
La misma excusa de cobro era hecha en las mismas instalaciones de la PGJ; sin embargo, para que no fueran supervisados, siempre que llegaba algún ciudadano a solicitar una revisión, se le pedía estacionarse en el Parque Juárez, sobre la 4 Sur, entre 31 y 25 Oriente.
Luego de varios minutos, llegaba un elemento de la Policía Ministerial, quien hacía a revisión en menos de cinco minutos, para después cobrar los respectivos 200 pesos.
Si el usuario reclamaba el porqué del cobro, casi siempre se le exentaba y se le decía que “hay para la otra”.
