Entre el 18 y el 25 de agosto se comenzó a gestar un movimiento antisistema desde el ámbito universitario que puso contra la pared el obsoleto mecanismo de seguridad pública en Puebla, así como la capacidad investigadora de la Procuraduría General de Justicia ante un hecho que ha ofendido a alumnos y padres de familia.
Los cientos de  estudiantes que ayer salieron a las calles para exigir condiciones de seguridad para la comunidad universitaria establece un antes y un después. 
La demanda legítima deberá formar parte de la agenda de los movimientos sociales legítimos y necesarios en un sistema sin contrapesos, sordo al reclamo justo.  
Y es que desde que el joven estudiante de la Facultad de Medicina, Josué Cruz Sánchez perdió la vida por las lesiones de arma blanca en  las inmediaciones de las instalaciones universitarias, quedó confirmada la condición de orfandad de los estudiantes de todas las universidades y de la población en toda la entidad.
Esa circunstancia explica la demanda del rector de la BUAP, Alfonso Esparza por esclarecer y aplicar todo “el peso de la ley a quien resulte responsable de la muerte de nuestro compañero”, una joven promesa de la medicina que tenía semanas de haber regresado de Estados Unidos.
Desde éste, que es el más reciente atentado mortal contra la vida de un universitario el silencio ha sido el sello de la conducta del Secretario de Seguridad Pública en el municipio, Alejandro Santizo y del Procurador de Justicia, Víctor Carrancá.
Pareciera un asunto de clase no solo en el ámbito institucional, sino en la sociedad entera. No obstante que tenía doble nacionalidad (era mexicano-americano), las reacciones han sido absolutamente distantes respecto de un caso de todos conocido en la zona metropolitana.
El secuestro y ejecución del alumno de la escuela preparatoria Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Sebastián Rivera Préstamo en febrero de este año que generó la movilización de la Dirección de Atención a Delitos de Alto Impacto (DGADAI).
Condenable por donde se le vea, la muerte del estudiante del TEC Puebla mereció un trato distinto. 
Fue como si el Gobierno del Estado quisiera mantener estable la relación con la clase media-media alta en riesgo, ante un crimen que horrorizó a todos y que obligó a su familia al auto exilio después del evento traumático que les cambió la vida.  
Ya no está Josué Cruz Sánchez, el estudiante de la BUAP que murió por las lesiones mortales provocadas por uno o varios homicidas. 
Ocurrió el 17 de agosto, este miércoles se cumplen diez días. De manera extra oficial los investigadores han deslizado una confidencia: las averiguaciones parten desde cero. No es ningún consuelo.
No era estudiante de una escuela privada, sino pública. Por la salud social la autoridad debe disolver la percepción de la existencia de una vida de primera y una de segundaen ambos casos, según se puede ver en el criterio para establecer prioridades de investigación de un gobierno que ya de por sí, tiene fama de clasista.