Como fiel heredero de las viejas prácticas judiciales, el procurador de Justicia Víctor Carrancá ha visto caer y desvanecerse muchas de sus “investigaciones”, por recurrir de manera constante a la práctica de la tortura.
En Puebla, la cantidad de consignados por la PGJ y posteriormente procesados por jueces del fuero común, que terminan siendo liberados a través de un amparo, rebasa los límites de lo tolerable.
Como si viviéramos en los tiempos de Echeverría o López Portillo, el procurador Carrancá ha hecho de la tortura una práctica común.
En el caso de Karla López Albert, el amparo obtenido hace unas semanas por uno de los implicados, se basa no en su inocencia, sino en la comprobación de prácticas ilegales para obtener su declaración.
Casos como el de este sujeto que hoy goza de su libertad, abundan en Puebla y han generado que los abogados defensores de Puebla, hayan encontrado en el artículo 20 de la Constitución, un regazo jurídico para poder liberar a sus clientes.
Y es que el procurador Carrancá está empeñado en mantener las viejas prácticas del “tehuacanazo” y el trapo mojado, para obtener confesiones, que podrían lograrse con interrogatorios científicos, que garanticen la legalidad de las declaraciones de los detenidos.
No es posible que en la Procuraduría General de Justicia se sigan realizando interrogatorios violentos, los cuales pueden ser echados abajo a través del llamado a Protocolo de Estocolmo, cuyo método permite determinar técnica y científicamente si la confesión o declaración de un procesado, fue obtenida a través de la tortura, ya sea con un examen médico o psicológico.
En la actualidad, resulta muy sencillo para un abogado defensor, ampararse bajo el resguardo del artículo 20 Constitucional, sabiendo que el Protocolo de Estocolmo puede comprobar la violación a los derechos humanos, generados por la violencia física o moral de los ministeriales, al momento de obtener una confesión.
Por increíble que parezca, hoy los Jueces de Distrito tienen que amparar a muchos procesados, sin importar su culpabilidad o inocencia, gracias a la tortura con la que obtienen sus declaraciones.
Lamentablemente, la obsesión de Carrancá para “resolver” los casos de esa manera le ha impedido capacitar a los agentes investigadores de la Policía Ministerial, para quienes es más fácil obtener una confesión a través del “tehuacanazo” y muchos otros medios violentos, antes que utilizar el método científico, el cual está comprobado que es altamente confiable, pero que requiere de una seria capacitación profesional y un alto nivel de sensibilización de los ministeriales.
En esta lógica, la declaración obtenida por la Procuraduría de Justicia en el caso de Paulina Camargo por parte de José María su novio, podría ser desestimada por un Juez Federal, sin importar su presunta culpabilidad.
La inexplicable declaración del procurador Carrancá diciendo que Paulina podría estar viva, se contrapone a la declaración de José María, del que supuestamente obtuvieron una declaración legal.
Espero que la postura de Carrancá no sea más que una estrategia para justificar la liberación de José María, en caso de obtener un amparo por tortura o de no encontrar el cuerpo.
Por lo pronto, la cantidad de presos liberados en Puebla indican que Carrancá se ha convertido en el rey de la tortura.
Ni más, ni menos.