Ya podrán los promotores de la llamada #LeyAntiBronco decir adiós al mamotreto que un Congreso abyecto votó para evitar que en Puebla leyes que atentan contra el derecho ciudadano pasen sin el rigor constitucional, como ha sido costumbre desde el nacimiento del gobierno de alternancia.
Una fuente del más alto nivel confió que los afanes de preservar el poder desde Casa Puebla, más allá del periodo electoral del próximo año, está encaminado a buscar un perfil ciudadano con el que se pueda competir ante la inevitable caída de una de las leyes más impopulares, aprobadas en el Legislativo.
Dicho en términos más llanos: Rafael Moreno Valle y los suyos comenzaron a buscar un candidato sin partido que sea suficientemente fiel a los intereses del grupo, como plan B ante la proximidad del arranque el proceso electoral, en octubre.  
La especie puede tener diversas lecturas. Desde la complicación de la virtual candidatura del presidente municipal de la capital, Antonio Gali Fayad, que competiría en la elección prevista para el primer domingo de junio del año próximo, hasta la pérdida en la mesa de los tribunales federales de la bancada morenovallista, que no pudo con el paquete desde el pleno legislativo.     
Si la #LeyAntiBronco tenía como claro destinatario a Fernando Manzanilla Prieto, cuñado del gobernador Rafael Moreno Valle y a quien se le atribuye la construcción de una plataforma política sin partido para competir por el poder en la elección próxima, la verdad está por caer por si sola.
La mala noticia para el mandatario es el crecimiento del número de recursos que impugnaron las modificaciones legislativas que impiden abiertamente el avance de la construcción democrática más allá de la vida partidaria que vive el peor rechazo social de los últimos años.
No solo Fernando Manzanilla recurrió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para echar abajo el desfiguro al que se recurrió desde el poder local. 
En la creciente lista de personas que se han inconformado están perfiles como el de Verónica Mastretta, hermana de la escritora Ángeles Mastretta, con el número de expediente SUP-JDC-1697/2015; está el panista Bernardo Hinojosa Polo, con el SUP-JDC-1336/2015; está un primo del expresidente Felipe Calderón, Gabriel Hinojosa Rivero, con el expediente SUP-JDC-1340/2015; María del Carmen Izaguirre Lanzagorta, con el número SUP-JDC-1337/2015; el articulista del periódico Milenio, Jorge Luis Fuentes Carranza cuyo expediente es el SUP-JDC-1333/2015. 
Quizá la peor noticia es que los temas que ya están enlistados en el máximo órgano jurisdiccional en la materia serán conocidos por la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, una mujer con un conocimiento profundo del derecho electoral y una conducta inquebrantable frente a casos análogos.
Ha sido consultora de la Organización de Estados Americanos (OEA) y es una de las consultoras internacionales con que cuenta la Organización de Naciones Unidas (ONU). Es maestra en derecho comparado por la London Scholl of the Economics y licenciada en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Las variables descritas configuran un escenario complejo para el grupo que empujó el desfiguro legislativo y que se tradujo en la tristemente popular #LeyAntiBronco. 
En los próximos días no será extraño encontrar una cartulina colocada en la puerta de servicio de Casa Puebla que diga: Se busca candidato sin partido para elección venidera. Honorarios a discutir. Urge.