Luego de leer la Carta Aclaratoria de la PGJ sobre nuestra cobertura informativa del caso de la niña Leticia Cruz García a la cual descalifica, señalando que hay una “falta de objetividad y profesionalismo” me permito hacer a los lectores y a la remitente de la carta las siguientes puntualizaciones.
Intolerancia Diario le ha dado un seguimiento informativo a este caso en el que la niña Leticia Cruz García, fuera retenida por el señor, Neftalí Ortiz Gómez, el pasado 21 de octubre, según lo expresado por los padres de la menor, Silvia García y Florentino Cruz y que denunciaron ante el Ministerio Público.
La madre de la menor describió a Intolerancia Diario que su hija fue secuestrada por esta persona; además, la mamá relató cómo mujeres menores de edad viven con él.
El interés de este medio de comunicación en contar el caso de Leticia Cruz García radica en visibilizar aquellos casos sensibles de violencia e indefensión para la sociedad.
El estado de Puebla, de acuerdo a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las mujeres y trata de personas, ocupó de enero a mayo del 2014 el segundo lugar nacional. Huauchinango es un municipio que la Fiscalía ha señalado como un lugar donde se seducen o capturan niñas en la cadena de trata de personas.
La utilización del término de trata de personas lo manifestó el abogado, Manuel Morales, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos al abordar con los padres el caso.
De acuerdo a las declaraciones de los padres de familia no encontró un respaldo ante las instituciones encargadas de impartición de justicia, muestra de ello es que mientras el caso permaneció en las instancias del ministerio público de Huauchinango no se emitió la alerta Amber de búsqueda de menores en situación de peligro.
El día miércoles, la familia acudió a la ciudad de Puebla, ante lo que consideró la falta de respuesta de las autoridades de Huauchinango a 8 días de la desaparición de la menor; primero ante la Procuraduría General de la República (PGR) posteriormente, al filo de las 9 de la noche, acudió con la visitadora de la PGJ, Dayana Monterrosas, a lo que dio seguimiento este medio de comunicación.
La visitadora recibió la llamada de la PGR para que atendiera el caso de la niña y la PGR solicitó la asistencia para la familia, ya que había dado parte a la Procuraduría General. La PGR hace varias llamadas a dependencias estatales, no responden al llamado y quien se interesa en el asunto es la visitadora, quien da la atención a la familia.
15 minutos después de terminada la reunión, la señora García recibe una llamada, no identificada, donde le señalan que “ya apareció” la niña. Es decir, se retoma la denuncia que había presentado previamente ante el MP de Huauchinango debido a la acción de la familia.
Cabe recordar que a pesar de que la niña desapareció el 21 de octubre, la alerta Amber, se activó apenas el 28 de octubre luego de las diligencias realizadas por la familia.
La señora García pidió, alrededor de las 11 de la noche, la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para lo cual acudió a la sede de la misma, ubicada en la 5 poniente, solicitando que un visitador acudiera de inmediato a la declaración que presentaba, al mismo tiempo, la niña Cruz García en la Casa de Justicia de Huauchinango. Pero la Comisión sólo dio conocimiento de la desaparición de la misma hasta ayer por la noche.
De acuerdo a la misma familia, no se les permitió el acceso a familiares a la declaración de la niña. El abogado, Carlos Eduardo Aldasoro Marchant, se presentó ante el MP de Huauchinango, Juan José Pérez, como representante legal de la familia sin que la señora García o el señor Cruz lo hayan determinado así, según lo que relataron a este medio de comunicación. Pidieron a un familiar que interviniera por parte de la familia pero se le impidió hacerlo. Lo cual es referido en la nota informativa de este jueves a la que su carta aclaratoria alude.
Intolerancia Diario considera que hacer visibles las denuncias de casos como Leticia Cruz permite a las instituciones un mejor trabajo cumpliendo con su función informativa apegada a criterios periodísticos y deontológicos.
Hoy me siento orgulloso de la extraordinaria labor de mi equipo de reporteros, consciente de que si no fuera por su valor, hoy Leticia seguiría desaparecida y los tratantes denunciados paseando por las calles de Puebla, protegidos por la Procuraduría General de Justicia y su titular Víctor Carrancá.
A la carta
